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CC ordena que se retomen las operaciones de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II por un año

El fallo de los magistrados de la CC fue unánime.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron que se retomen las operaciones de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, por un año prorrogable, en Santa María Cahabón, en Alta Verapaz.

La CC ordenó que el Estado de Guatemala realice una consulta a las comunidades de Santa María Cahabón, la cual debió hacerse previo a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), otorgará los proyectos hidroeléctricos.

“El tribunal emite un fallo unánime. Dentro del proceso del amparo se comprobó que no se cumplió con el proceso de consulta a las comunidades indígenas de acuerdo con el convenio 169 de la OIT -Organización Internacional del Trabajo- previo a que iniciaran el funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos. Se garantiza en la sentencia el funcionamiento de las hidroeléctricas por un plazo de un año prorrogable a efecto de no perjudicar la inversión de las empresas”, dijo el presidente de la máxima corte.

Pronunciamiento de Oxec

Previo a que la CC oficializará el fallo, Oxec difundió un comunicado en el que manifestaba su “satisfacción por la sentencia en definitiva” en el caso de las hidroeléctricas.

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“Manifestamos nuestra satisfacción porque ya existe una sentencia en definitiva de la CC. Nuestros abogados analizarán la sentencia y daremos declaraciones tan pronto esto suceda. Respetamos y acataremos lo dictado por la CC. Agradecemos a todas las personas empresas e instituciones que han apoyado el cumplimiento del Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país”, se lee.

Suspensión

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente las operaciones de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

La suspensión ocurrió porque la CSJ amparó a las comunidades que accionaron contra el Ministerio de Energía y Minas, quien autorizó los proyectos hidroeléctricos, sin haber realizar una consulta comunitaria como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Tras la suspensión el sector privado se pronunció diciendo que el fallo afecta la “certeza jurídica en Guatemala” y pone en riesgo más de 60 mil empleos.

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