Una publicación del diario británico “The Guardian” expone la presión en la que se encuentra el presidente Jimmy Morales, luego de que se hiciera público un contrato que firmó en abril el exembajador en temas migratorios Marvin Mérida con la empresa Barnes & Thornburg para cabildear con funcionarios estadounidenses.
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Aunque el contrato se anuló y recientemente la Cancillería informó que le envió al Ministerio Público (MP) una carta desligándose de las acciones de Mérida, analistas consultados por Publinews coinciden en que existe una actitud pasiva sobre el tema.
“Hay una reacción tardía, ya que no es la primera vez que Mérida ha generado polémica. También está el caso cuando le envió una carta a varios congresistas estadounidenses para quejarse de la actividad del embajador de ese país en Guatemala, Todd Robinson”, aseguró Crithians Castillo, encargado del área sociopolítica del Ipnusac.
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Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, aseguró que desde abril, cuando el exasesor migratorio firmó el contrato, lo tuvieron que haber denunciado.
“No se ha hecho nada y, en todo caso, se está cayendo en delitos de omisión de denuncias o encubrimiento. La percepción que hay es que no se le quiere denunciar”, agregó.
“Evidentemente hay una reacción tardía. Es preocupante porque esto demuestra el descontrol interno de coordinación en el Ejecutivo. En todo caso, se debe aclarar por qué Mérida estaba realizando este tipo de acciones y cuál era realmente su puesto”, expone José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Un segundo contrato
Aunque el documento que firmó Mérida se anuló, también se hizo público el que impulsaron cuatro congresistas con la misma empresa, pero no se ha revelado quiénes lo han financiado.
“En este caso hay evidencia clara de un delito. Ya el Ministerio Público dijo que se están analizando acciones”, expuso Mack.
“También preocupa que los congresistas no quieran revelar quiénes están financiando este cabildeo”, agregó Sanabria.
Los diputados Jaime Regalado, Fernando Linares y Óscar Quintanilla negaron haber viajado a Estados Unidos para contratar a la empresa Barnes & Thornburg para cabildear con autoridades de ese país y evitar la comunicación con el embajador.
Número
- 80 mil dólares mensuales por un año era el contrato que Mérida firmó con la empresa estadounidense.
Cancillería le envía una carta al MP y diario británico asegura que la empresa está relacionada con Mike Pence
- La semana pasada, durante citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez, informó que le enviaron una misiva al MP en la que explican la situación de Mérida. Además, afirman que el Ejecutivo no contrató a la empresa de cabildeo. “Desde que Mérida fue separado del cargo se solicitó a la Dirección General de Migración que le cancelara el pasaporte diplomático y, a solicitud de la Cancillería, también se le retiró la visa estadounidense”, añadió.
- En su publicación “The Guardian” revela que Barnes & Thornburg tiene amplios vínculos con el Partido Republicano y con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, ya que Robert Grand, uno de los socios directivos de la empresa, fue miembro del grupo de finanzas de la campaña de Donald Trump y Pence, y vicepresidente financiero del comité de inauguración presidencial.