Este martes, en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, se conversó acerca de la polémica generada por la supuesta contratación de una empresa dedicada al cabildeo en Estados Unidos de parte del Gobierno de Guatemala.
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Como invitados en cabina participaron los analistas Juan Callejas y Hugo Peña.
Cabe mencionar que sobre este tema se refirieron ayer en conferencia de prensa el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada; y la viceministra de Relaciones Exteriores Anamaría Diéguez.
Estrada explicó que no hay responsabilidad financiera del Estado en este tema.
En tanto, la funcionaria resaltó que el gobierno “no tiene ninguna participación” en la contratación de esos servicios y que los mismos fueron solicitados por Marvin Mérida, excomisionado presidencial del Migrante, quien fue removido de sus funciones en marzo pasado.
Además trascendió que se firmó otro contrato, con la misma empresa con la cual tuvo relación Mérida, y que este nuevo documento fue suscrito por cuatro diputados del Congreso, quienes señalaron que el servicio sería financiado por empresarios, aunque no revelaron sus nombres.
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A criterio de Callejas, los actos que Mérida haya realizado fueron avalados o respaldados por el presidente Jimmy Morales porque él emitió un acuerdo gubernativo para nombrarlo como comisionado. “Hay una gestión que el presidente está realizando a través del nombramiento”, afirmó.
En cuanto al contrato, detalló que Mérida reconoce que lo suscribió y que lo pagaron actores de la iniciativa privada, sin embargo esta última lo niega. “No me extraña que lo hayan pagado ni que lo nieguen”, dijo Callejas.
Sobre este tema, Peña consideró que con estas acciones se cae en “doble moral”, ya que según explicó, realizar acciones de lobby en Estados Unidos es legal, y dijo que si un grupo de empresarios se dio a la tarea de pagar esos fondos “están en su absoluto derecho”.
Sin embargo, resaltó que “el fondo del asunto nunca lo vamos a conocer”, tal como ha ocurrido en otros temas.
En ese contexto, Peña afirmó que “lo que está terminando de dañar al país es el morbo que a todo le metemos, incluso si es algo legítimo”.
En cuanto a señalamientos que se han hecho con relación a que las acciones de Mérida estarían enfocadas en atacar de cierta forma al embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, Callejas dijo que el diplomático “ha estado violando la ley” en el país.
“La ley internacional no le da a ningún embajador del mundo la capacidad de intervenir de la manera como ha intervenido este señor en el país”, expresó Callejas sobre Robinson.
Sobre el hecho de que además de accionar contra Robinson se buscaría desestabilizar económicamente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Peña señaló que hay estructuras que se sienten afectadas porque han sido “tocadas” por ese “triángulo de poder” creado en el país.
Esa figura, dijo Peña, está integrada por el Ministerio Público (MP), la CICIG y la embajada de Estados Unidos.
La ausencia de la fiscal
Por aparte, los invitados se refirieron al tema de la ausencia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central que se llevó a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos, debido a que no fue convocada a participar.
Callejas consideró que si el presidente Morales decidió que no asistiera, pues es parte de su autoridad.
En tanto, Peña indicó que no haber convocado a Aldana “es un error muy estratégico de Cancillería, no tanto del presidente, porque la Cancillería gira las invitaciones”, pues se dejó fuera a alguien que siempre ha estado presente y que participa de forma activa en el tema de seguridad.
Ambos temas, el del contrato en Estados Unidos y de la ausencia de Aldana, se enmarcan en una “crisis de opinión pública” que existe en el país, dijo Peña.
Además, el analista consideró que “el país está como está por el tipo de dirigentes que tenemos” en todos los sectores. “El problema es que nunca nos ponemos de acuerdo”, indicó.
Añadió que esta situación “genera incertidumbre, desasosiego y quita estabilidad a productividad en el país”.
Finalmente, Peña mencionó que es necesario crear una instancia de participación en donde los dirigentes, como la fiscal y el presidente, se pongan de acuerdo “porque es el país el que nos estamos jugando”.
“Se debe formular una instancia de negociación que permita que dirigentes al frente del país o de cualquier sector se sienten, se pongan de acuerdo y no piensen solo en sus intereses, sino en la población. Juntos es más fácil resolver los problemas que no nos dejan avanzar”, resaltó.
