Este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca del caso Hogar Seguro.
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Se realizó un análisis con relación a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), cuyos resultados se dieron a conocer ayer. Además, se abordó el tema de la detención de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Policía Nacional Civil (PNC).
Los invitados en cabina fueron Mayra Véliz, secretaria general del MP; y Haroldo Oquendo, presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (Conacmi).
Mientras que por la vía telefónica se conversó con: José Quesada Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia.
La investigación
Véliz indicó que la investigación realizada por los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción lleva tres meses de desarrollo y que se ha hecho por etapas.
Añadió que se cuenta con medios probatorios técnicos, científicos y testimoniales relacionados con la fuga de los niños, niñas y adolescentes y el incendio que dejó como saldo 41 menores fallecidas.
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En tanto, Oquendo consideró que la forma de investigar del MP es la adecuada, pues está dividiendo la misma por etapas: una sobre los actores legales, que son los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y el director del centro; otra de los actores legales institucionales, que son los detenidos ayer; y otra de los actores de ejecución material, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
Uno de los temas que Véliz resaltó de las pesquisas es que se comprobó que la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín, quien fue detenida ayer, tenía en su poder la llave del candado del aula en donde se iniciaron las llamas, y que ella no abrió la puerta por decisión personal.
También dijo que se determinará el grado de responsabilidad lineal, si es que lo hay, en los altos mandos de las instituciones. Señaló que en el caso de la PNC se estableció que el subcomisario que fue detenido no tenía la instrucción de su superior para ingresar al centro, sino que se le envió para prestar seguridad perimetral.
Por su parte, Oquendo consideró que lo importante es determinar quién tomó la decisión de encerrar a los menores con llave y en lugares inadecuados, y por qué dejaron a la PNC como encargada de su resguardo, si los niños y adolescentes no eran delincuentes.
Asimismo, mencionó que la PDH tenía dos opciones para actuar la noche del 7 de marzo: una era llamar al Juez de Paz para que llegara y tomara decisiones sobre los jóvenes; y la otra, pedir apoyo a la PNC para que proporcionara vehículos y trasladar a los menores al juzgado de Paz. Resaltó que la delegada de esa entidad nunca debió dejarlos solos.
De igual forma resaltó que se debió garantizar la vida y bienestar de los menores, especialmente porque no estaban en conflicto con la ley y porque tampoco se fugaron.
“Ellos no se escaparon, eso es una mentira, a ellos les abrieron la puerta para poder salir”, resaltó Oquendo.
Añadió que “el Hogar Seguro fue desde su inicio un fracaso”, tomando en cuenta que mezcló diversos perfiles de menores y los puso a todos en un mismo espacio físico: niñas embarazadas, jóvenes con problemas de calle, adolescentes con padecimientos mentales, entre otros.
“No soportaban más”
“Los chicos y chicas no soportaban más”, dijo Oquendo al recordar que desde hace años existen señalamientos de violaciones y maltrato en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Entre estos mencionó casos de trata de personas, explotación sexual, homicidios y suicidios. Añadió que el incendio del 8 de marzo “fue la punta del Iceberg”.
Al ser consultada sobre esos señalamientos, Véliz aseguró que “todas las denuncias están en investigación y que no se han cerrado los casos”. “Se buscan los elementos necesarios para probar los hechos”, detalló.
La secretaria general del MP mencionó también que ya hay dos sentencias condenatorias, procesos abiertos, así como personas enfrentando juicio, y que ello involucra a extrabajadores del Hogar Seguro.
Agregó que en el MP hay cinco denuncias sistematizadas por la PDH.
En cuanto a cómo lograr cambios en el país, Oquendo mencionó que la SBS y todas las organizaciones enfocadas en la protección de los menores de edad deben tener una política certificada para garantizar que sus acciones no van a violentar los derechos de los niños y adolescentes, así como crear protocolos y manuales para su atención.
Antejuicio contra Jimmy Morales
El MP trasladó ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el caso Hogar Seguro, esto en seguimiento a una denuncia presentada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán.
Véliz explicó que en el expediente se incluyó documentación relacionada con el nombramiento de Morales y de los extitulares de la SBS que se encuentran detenidos. Añadió que el MP por mandato legal debe trasladar a la CSJ todas las denuncias presentadas contra personas que tienen derecho de antejuicio.
Asimismo, manifestó que corresponderá a la Corte determinar si la acción avanza o es rechazada.
En tanto, la legisladora Morán explicó que la denuncia contra Morales se presentó el 14 de marzo y que no corresponde a una acción política, sino que se actuó “en el marco de la búsqueda de justicia”.
Mencionó que para accionar contra el mandatario tomaron en cuenta que en la línea jerárquica él es el mando inmediato superior de los tres exfuncionarios de la SBS detenidos inicialmente; y que según se conoció, el 7 de marzo a las 22:00 horas se le informó sobre la situación en el hogar y él “no dio ningún tipo de instrucciones”.
Para Oquendo, el presidente es el responsable de nombrar a los titulares de la SBS sin que estos llenaran los requerimientos mínimos para ocupar los puestos. “La responsabilidad más importante es de la persona más alta”, indicó. Además, consideró que se dan serios problemas por nombramientos que no son justificados.
Y, a criterio del exmagistrado de la CSJ José Quezada, la solicitud de antejuicio no tiene futuro, pues no se puede señalar a Morales solo por su posición jerárquica.
“Es ridículo que pueda ser el responsable de todas las actividades de funcionarios del Ejecutivo”, afirmó.
En cuanto al proceso que se sigue en estos casos, señaló que el MP recibe la denuncia y tiene la obligación de trasladar a la CSJ el expediente sin entrar a conocer a fondo de la acción.
Si la Corte determina que el antejuicio no se promueve por razones espurias, políticas o ilegítimas, lo envía al Congreso, y a este corresponde nombrar por sorteo a diputados que integren una comisión que investigue los hechos y traslade un informe al pleno del Congreso, dijo.
Posteriormente, los legisladores determinarán si ha lugar o no al proceso o juicio, y esto se aprueba con los votos favorables de las dos terceras partes del total de diputados, finalizó Quezada.
