Este lunes se registró la captura de funcionarios de diferentes instituciones por supuestamente estar involucrados en el caso denominado “Hogar Seguro”. Sobre este tema se han generado diferentes reacciones.
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Entre los detenidos se encuentran: Brenda Julissa Chamam Pacay, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS); Gloria Patricia Castro Gutiérrez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); Harold Augusto Flores Valenzuela, de la Procuraduría General de la Nación (PGN); Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC); y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC.
Los delitos que se les atribuyen son homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Califica de "injusticia" las detenciones
La Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, expresó que la detención de Flores “es injusta”, pues si bien hubo participación de esta persona el 7 de marzo, cuando varios menores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se fugaron del centro, no la hubo el día 8 cuando ocurrió el incendio que dejó a 41 menores de edad fallecidas.
“Se ha cometido una injusticia al capturar a Flores y otros funcionarios, debieron haber sido llamados a ampliara su declaración”, expresó Morfín.
En tanto, el titular de la PDH, Jorge de León Duque, detalló que esa entidad cumplió con su mandato, que según indicó, incluye denunciar, hacer visitas y fiscalizar; sin embargo, aclaró que lo que ocurrió dentro de instalaciones no es responsabilidad de la Procuraduría.
“Nos ha sorprendido (la captura de Castro) porque como institución denunciamos, alertamos, dimos conferencias de prensa y presentamos medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, expresó el Procurador.
Tanto De León como Morfín añadieron que colaborarán con las autoridades para poder esclarecer el caso.
Por su parte, Rodolfo Díaz, abogado de la Fundación Sobrevivientes, resaltó que el haber estado presente en las audiencias del caso Hogar Seguro, especialmente en la de anticipo de prueba en donde se escuchó el testimonio de nueve sobrevivientes del incendio, le permitió saber que las primeras tres detenciones de exfuncionarios de la SBS no serían las únicas.
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“En esa audiencia se verificó que la responsabilidad no era solo de los tres capturados, sino que salió a la luz la participación de otras personas”, expuso Díaz.
Oportunidad para hacer cambios
Asimismo, se consultó a María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y a Renzo Rozal, analista político independiente, quienes participaron hoy como invitados en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Rozal señaló que era de esperarse que existieran más aprehensiones, pues un “asunto tan delicado” como el incendio debía involucrar no solo al personal de la Secretaría de Bienestar Social; aunque consideró que los órganos jurisdiccionales deberán dilucidar si existe responsabilidad directa, administrativa o penal, y hasta qué grado, de parte de los sindicados.
Asimismo, expuso que se debe atender la responsabilidad del Estado en políticas públicas de protección.
A criterio de Rozal, el Congreso de la República tiene una responsabilidad clave en este caso, tomando en cuenta que, a su criterio, ha descuidado la agenda legislativa en favor de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Mientras tanto, Aceña se mostró preocupada por la existencia de lo que calificó como “serios desafíos en los servicios públicos”. Dijo que hay que actuar para que no existan más tragedias de este tipo. “Se debe encontrar el asunto medular y hacer una reforma total del tema de la atención a los menores”.
Aceña afirmó que lo ocurrido es “un llamado a la familia, porque esas niñas (que murieron) deberían haber estado con sus papás y mamás”.
La investigadora del CIEN también se refirió a la necesidad de que se hagan cambios de fondo en todo el sistema social del país. Y dio a conocer que solo hay Q40 millones para prevención en el presupuesto del Estado, mismos que aseguró se han usado en programas que no están enfocados en la niñez.
“Hemos hecho muy poco en prevención. Las instituciones de seguridad y justicia están rebasadas, incluyendo las correccionales, los centros del Sistema Penitenciario y los hogares para menores”, indicó.
