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Jefe de la FECI espera que “no pase de 2017 sin que se tenga sentencia en el caso La Línea”

El caso La Línea salió a la luz el 16 de abril de 2015, y luego de dos años aún no se ha dictado sentencia.

Este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con relación al caso de defraudación aduanera “La Línea”.

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Cabe mencionar que ayer se cumplieron dos años desde que se realizaron los operativos iniciales y las primeras detenciones relacionadas con el referido caso, por el cual actualmente hay más de 30 personas ligadas a proceso penal.

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En este proceso están involucrados varios empresarios y exfuncionarios, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, quienes se encuentran en prisión preventiva.

Sin sentencia

De acuerdo con Sandoval, tomando en cuenta los plazos legales del país, se esperaba que para esta fecha ya se tuviera sentencia para este caso; sin embargo, los sindicados han presentado una serie de acciones que han retrasado el avance.

Según el fiscal, se han planteado: 27 acciones de amparo, 29 recursos de apelación, 4 exhibiciones personales, 2 recusaciones contra el juez y varios recursos de queja e inconstitucionales en caso concreto. Por ello ha sido suspendido en cinco ocasiones el desarrollo de la etapa intermedia.

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A criterio de Sandoval, el hecho de intentar detener los procesos “siempre ocurre” cuando hay políticos involucrados en los casos.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual se estaría intentando frenar los avances, el fiscal consideró que los sindicados podrían estar esperando que concluya el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o que se cambie de fiscal general, pues la designación de la actual jefa del MP, Thelma Aldana, culmina en mayo de 2018.

“Yo no veo cuál es el motivo de fondo de detener el proceso, cuando las personas que están planteando esos recursos están sufriendo con medida de coerción de prisión preventiva”, expresó Sandoval.

El operativo

El entrevistado recordó que previo a operativizar el caso había “mucho nerviosismo”. Añadió que se tenía programado iniciar las acciones dos días antes, sin embargo se supo que el entonces secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, se encontraba fuera del país.

Finalmente se actuó el 16 de abril de 2015, pese a la ausencia del funcionario, pues no se conocía con certeza cuándo retornaría, dijo Sandoval.

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Para respaldar este caso el MP analizó 100 mil sesiones de interceptación telefónica y ha presentado las acusaciones correspondientes.

El fiscal agregó que “lo que implicó el caso La Línea fue un despertar ciudadano”.

Asimismo, señaló que confía en la independencia de los tribunales, en el trabajo del MP y en el apoyo de la CICIG para que el proceso avance, y que espera que “no pase de 2017 sin que se tenga sentencia en el caso La Línea”.

A criterio de Sandoval, probatoriamente no tiene ningún temor, aunque sí le teme a los factores externos que puedan entrampar el proceso.

La Línea destapó otros casos

Sandoval explicó que durante el desarrollo de las pesquisas por el caso La Línea, se encontró información sobre sociedades mercantiles, contabilidad y datos financieros, lo cual permitió destapar otros casos de corrupción.

En ese momento el MP buscaba información sobre un caso aduanero, luego se detectó la existencia de sociedades de papel que de forma espontánea movilizaban cantidades millonarias de recursos.

“Se determinó que estábamos ante una maquinaria de lavado de dinero que captaba fondos provenientes del Estado, y cuyos beneficiarios principales de los bienes que se obtenían con ese dinero eran los dirigentes de la organización”, indicó el jefe de la FECI.

Los casos que surgieron de la misma investigación de La Línea son: Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado y La Cooperacha.

Las entidades “cooptadas”

El jefe de la FECI recordó que las investigaciones abarcaron diferentes sociedades privadas y por lo menos ocho entidades estatales que se encontraban “cooptadas” por la estructura criminal.

Estas son:

  1. Portuaria Nacional
  2. Empresa Portuaria Quetzal
  3. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
  4. Registro de Información Catastral
  5. Registro Nacional de las Personas
  6. Ministerio de Cultura y Deportes
  7. Ministerio de Salud Pública
  8. Superintendencia de Administración Tributaria

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