Este miércoles en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas se abordó el tema de la tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, en donde un incendio dejó como saldo 41 niñas y adolescentes fallecidas y varias heridas.
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Los invitados fueron: Alejandra Carrillo, diputada de la bancada Movimiento Reformador (MR) e integrante de la comisión específica del Congreso de la República que conoce el caso; Abner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); y Maynor Alvarado, abogado y director del área Jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien además es querellante adhesivo en el caso.
Ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia de primera declaración de los tres sindicados en este caso: el extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Carlos Rodas; la subsecretaria de la institución, Anahy Keller; y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres, quienes son sindicados de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.
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Durante la diligencia los fiscales del Ministerio Público (MP) revelaron que las niñas fueron encerradas, desde la noche anterior a que ocurriera la tragedia, en un espacio con capacidad para 11 personas, sin embargo fueron colocadas un total de 56.
Asimismo, se reveló que durante las horas que permanecieron allí no tuvieron acceso a agua potable ni a servicios sanitarios.
Partiendo de ello, Paredes explicó desde 2012 hasta la fecha, la PDH ha presentado 25 denuncias relacionadas con distintos abusos cometidos en contra de los menores albergados en ese refugio.
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Agregó que incluso en noviembre del año pasado la institución que representa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgara medidas cautelares por la situación que se vivía en el centro.
Mientras tanto, Alvarado consideró que lo expuesto ayer por los fiscales solo es una parte de la realidad de lo ocurrido desde hace tiempo en ese lugar. Añadió que se conocía que existían tratos inhumanos y degradantes contra las menores, y que el GAM presentó desde el año pasado las denuncias correspondientes.
“Este episodio nos debe llenar de vergüenza a todos los guatemaltecos y guatemaltecas”, “esta situación no debe quedar en la impunidad”, expresó Alvarado.
Asimismo, añadió que a su criterio “el lugar donde pasó todo esto era muy parecido a un infierno”. Y señaló que lo ocurrido evidencia la poca capacidad que se tiene como Estado en conjunto para dar una atención integral a los menores.
Podría repetirse
Tanto para la parlamentaria como para Paredes, tras la tragedia en el Hogar Seguro existe el riesgo de que se registre un “efecto dominó” en los demás centros a cargo de la SBS. Declararon que muestra de ello es lo ocurrido en el Centro Correccional Etapa 2, en San José Pinula, en donde el pasado 19 de marzo se registró un motín que dejó a cuatro monitores fallecidos.
Carrillo resaltó que la comisión que integra ya tiene un informe sobre el caso y que este será conocido mañana en el pleno del Congreso.
Entre las conclusiones del documento, según dijo, se habla sobre la exhibición personal que se ordenó, pero no se hizo en el Hogar Virgen de la Asunción, se recomienda que el Organismo Judicial tenga sanciones para jueces que no realizan los procedimientos y se recomienda al MP que haga más rápido las investigaciones, sobre todo cuando se trata de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Acciones necesarias
Para darle seguimiento a lo sucedido y a lo que podrá registrarse en el futuro, Alvarado solicitó a las instituciones involucradas en el resguardo de los menores de edad que piensen en la necesidad de realizar cambios.
También indicó que las investigaciones deben continuar para establecer quiénes fueron los autores materiales del hecho, deducir responsabilidades y conocer en realidad “todo lo que se vivió en esos nueve minutos de infierno”.
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Mientras que Paredes detalló que hace falta hacer una revisión de las debilidades que existen actualmente y establecer lineamientos para crear una Política Pública de Niñez. Asimismo, recordó que el 8 de febrero de este año la PDH y la Comisión del Menor y la Familia del Organismo Legislativo lanzaron el Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de realizar las acciones que conduzcan a mejorar la atención de este sector de la población.
