El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) José González Campo dijo que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó la suspensión de operaciones de dos hidroeléctricas afecta la certeza jurídica en Guatemala.
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“El sentir nacional y el requerimiento de muchos sectores del país, y en este caso del sector productivo, es que en Guatemala tengamos certeza jurídica y que el actuar de las autoridades responda a una visión de futuro con oportunidades de desarrollo para todos los guatemaltecos”, expuso González Campo.
El empresario comentó que por los medios de comunicación se han enterado de que pareciera que hay intermediarios que utilizan el nombre de personas o instituciones para ejercer presión.
Tras la suspensión de operaciones, el caso fue llevado a la Corte de Constitucionalidad (CC). González Campo opinó que los magistrados deben tomar decisiones con absoluta libertad e independencia.
“Para que tomen decisión de acuerdo con su consciencia y en ejercicio de su libertad e independencia basándose en criterios que prioricen en todo momento los interés de país y el respeto a nuestro marco legal constitucional”, dijo acerca del llamado que hacieron este martes.
González Campo manifestó que la suspensión de operaciones de hidroléctricas, como el caso de Oxec 1 y 1, en Cahabón, Alta Verapaz, ponen en riesgo la certeza jurídica del país para inversionistas nacionales y extranjeros.
A su criterio, es preciso reglamentar las consultas comunitarias previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que no exista diferentes interpretaciones. Asimismo, reiteró que la empresa cumplió con todos los requerimientos de ley.
