José González-Campo, representante del sector privado, reconoció que hay puntos que respaldan de la iniciativa, pero resaltó los ejes a los que se oponen que se incluyan en la Carta Magna.
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Los puntos en discordia son la inclusión de principios generales de Derecho, el cambio para la elección del fiscal general, la creación del consejo nacional de justicia y el reconocimiento del pluralismo jurídico.
Aunque varios diputados resaltaron la necesidad de escuchar a diferentes organizaciones para reiniciar la aprobación final de las reformas se retiraron de la sesión.
El representante del Cacif indicó que el país necesita certeza jurídica, pero que algunos incluidos en la reforma generan ambigüedad y discrecionalidad, por lo que la Constitución no debe dar espacios a interpretación, ya que es la mayor carta de legalidad.
González-Campo reiteró que la jurisdicción indígena crea confusión pues se desconoce hasta donde tendrá límites para su aplicación y pidió a los diputados no dejarse presionar por internos ni externos.
A lo que la diputada Nineth Montenegro llamó de “especial” al diputado que inventó que las instrucciones las recibían en inglés o colombiano, por lo que les solicitó a los empresarios no prestar atención, ya que se han analizado las reformas.
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En cuanto a la oposición de la forma para elegir al jefe del Ministerio Público, González-Campo indicó que se trata de despolitizar su nombramiento, pero que los jueces y partidos políticos por medio de diputados propongan candidatos genera conflicto de intereses.
