Marco Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, tiene previsto leer la sentencia al juicio para que dos helicópteros del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina pasen a manos del Estado.
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El juez citó a las partes para el 24 de enero de 2017 y leer la sentencia. Se espera que pase las naves a manos del Estado debido a que no existió defensa de Pérez para argumentar.
Durante el juicio, que inició el 9 de noviembre de 2016, la Fiscalía expuso que la existencia de las aeronaves se fundamenta con el testimonio del colaborador Juan Carlos Monzón, quien fue el hombre de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Debido a la ausencia de algún representante de la entidad Opulens y Baja Global Service que tiene registrados los helicópteros el juez Villeda ordenó que sea representado por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Uno de los helicópteros era administrado por la exlegisladora del Partido Patriota (PP) Daniela Beltranena, la asistente personal de Baldetti.
La Cooperacha
Una de las naves fue adquirida con aportes de funcionarios cercanos a Pérez Molina y que dejaron constancia a través del caso de corrupción denominado “la Cooperacha” que investigó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por este caso están en prisión desde el 11 de junio de 2016 los extitulares del Ministerio de la Defensa Nacional Manuel López Ambrosio y Ulises Noé Anzueto Girón; el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el militar retirado Juan de Dios Rodríguez, quien presidió el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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Los aportes
En los alegatos iniciarles el fiscal detalló que López Ambrosio y Rodríguez aportaron Q1 millón 950 mil cada uno y López Bonilla Q13 mil y US$98 mil 200; y Anzueto Q250 mil.
Los prófugos Alejandro Sinibaldi, extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aportó US$245 mil y Erick Archila, quien fue ministro de Energía y Minas con Q750 mil.
El helicóptero con la matrícula 479GX modelo 2013 fue comprado por el supuesto lavador de dinero Jonathan Chévez por US$3 millones 619 mil 388 en Estados Unidos.
El juicio continuará el 18 de noviembre de 2016 y en el proceso están incluidos para declarar seis testigos, aunque no se aportaron las identidades.
