Guatemala

Gustavo Martínez, el yerno de Otto Pérez, está señalado en otro caso de corrupción

La última audiencia fue en enero cuando una Sala rechazó la petición de retirar el embargo a tres de sus propiedades por Q2.2 millones.

Gustavo Martínez es el yerno del expresidente Otto Pérez, ambos señalados en dos casos de corrupción que investigó la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía.

Martínez ha sido detenido por un nuevo caso de fraude, esta vez en las aduanas. El año pasado fue vinculado al caso Redes y detenido el 9 de julio de 2015 junto con Edwin Ramón Rodas Solares, ex Viceministro de Energía y Minas.

El caso Redes

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El ente de la ONU informó que el caso “Redes” se llamó a una investigación iniciada en 2014 que se refiere a una gran actividad de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares. El centro de esta red sería César Augusto Medina Farfán, un personaje relacionado con muchas personas influyentes de alto nivel y descrito como “gestor con influencias”.

Dentro de esa red jugó un papel importante el exsecretario General de la Presidencia, Gustavo Adolfo Martínez Luna, quien aprovechándose de su posición y cercanía con el entonces presidente, Otto Pérez Molina, instalaba en la agenda del mandatario reuniones urgentes de empresas como Jaguar Energy, a cambio de un soborno.

Se tiene documentación del pago de US$120 mil por estas acciones a Martínez y a Medina, a través de la cuenta prestada de Karen Paola Cancinos Muñoz.

Jaguar Energy desarrolla en Guatemala uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica. En este caso también resulta implicado el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares.

Estaba libre

Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto Penal, dejó en libertad a Martínez el 23 de noviembre de 2015 al argumentar que “no existe posibilidad de que perjudique la investigación”.

Ese día también recuperó su libertad Rodas Solares.

El 11 de enero de 2016 Martínez acudió a la Torre de Tribunales para argumentar en la Sala de Extinción de Dominio dejar sin efecto el embargo a tres inmuebles por Q2.2 millones que habían sido inmovilizados por el juez Marco Villeda. La Sala rechazó la petición.

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