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“No hay un plan b” dijo la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, acerca de la necesidad de anular el contrato del Estado con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y otorgar una concesión a APM Terminals.
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Morfín fue entrevistada en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas donde explicó algunos motivos por lo que debe darse la concesión para funcione la terminal, ya que de lo contrario se tendría “un monumento a la corrupción en el Pacífico”, opinó.
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- “Estaríamos expuestos a que nos demanden en arbitrajes internacionales y eso conlleva más gastos y pérdidas”: Ese sería el escenario, según Morfin, si se decide anular el contrato y no otorgar la concesión de manera directa a APM Terminals.
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- “Esta tiene que ser una concesión de carácter directo porque la inversión ya está hecha”: Explicó que la terminal fue construida por capital privado y se ha generado una deuda de US$126 millones que el Estado no podría absorber, si es que se pensara en tomarla para hacerla funcionar.
- “No se está validando un contrato corrupto”: La PGN explicó que las acciones legales siguen encaminadas a anular el actual contrato pero eso no beneficia de ninguna manera a las personas que tienen un proceso judicial en su contra por este caso, aseguró.
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- Morfin dijo que se logró acreditar la buena fe de APM Terminals cuando adquirió TCQ, además, facilitó la entrega de información para la investigación el caso.
- Aunque se buscara la opción de recuperar la terminal por un proceso de extinción de dominio y se ganara, el Estado no puede pagar la deuda de US$126 millones, indicó.
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