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Desde la plaza El Obelisco se inició la “Marcha de la Dignidad y la Resistencia Indígena, Negra y Popular” que recorrió algunas avenidas y calles de la ciudad de Guatemala hasta culminar con un plantón frente al Congreso de la República.
La marcha, organizada por la Asamblea Social y Popular, pasó por la Avenida Reforma, luego tomó la 7ª. Avenida de la zona 9 y 4, pasando frente a la sede del Organismo Judicial hasta finalizar frente al Congreso donde las personas realizarán un “plantón masivo, reivindicativo, cultural y pacífico, que permanecerá hasta el viernes 14.
El desplazamiento de la marcha afectó la movilidad vehicular y el paso, por algunas horas, del Transmetro en el sector de la zona 9.
Estas son las demandas:
1) La respuesta a las demandas que pueblos, comunidades, autoridades y organizaciones entregamos el 22 de abril de este año a los tres poderes del Estado: entre otras, la persecución penal de oficio contra empresas acusadas de bloqueo, apropiación, contaminación y robo de aguas, la investigación pronta de las denuncias ya realizadas por comunidades y la modificación del Código Penal en lo concerniente al delito ambiental; así como la ampliación del informe que el MARN presentó a la Asamblea Social y Popular y el informe que debe entregar el Congreso de la República y la respuesta a demandas específicas de organizaciones y comunidades.
2) El fin de la criminalización y persecución a dirigentes comunitarios, incluyendo la revisión de procesos penales abiertos contra dirigentes, que han sido construidos de manera irregular.
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3) La orientación del Estado (presupuestos, instituciones, acciones prioritarias en salud, educación, vivienda, justicia) a la construcción de una agenda de emergencia para el cumplimiento de su función constitucional (construcción del bien común).
4) La aprobación de una agenda mínima de reformas para la democratización del país, entre otras: Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Medios de Comunicación comunitaria, Ley de Juventud, Ley de aguas, reconocimiento del pluralismo jurídico, reconocimiento del carácter vinculante de las consultas comunitarias. En todos estos casos, la discusión y aprobación de estas leyes debe darse con diálogo transparente, abierto y participativo.
