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APM Terminals, propietario de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) aceptó públicamente la propuesta del interventor, Alexander Aizenstatd, de anular el contrato y pagar US$43.2 millones al Estado. Esos detalles fueron explicados este jueves en el Congreso de la República.
El interventor de TCQ habló del estado de las finanzas de la empresa y sus motivaciones para hacer la propuesta a diputados de la comisión de transparencia el Congreso, presidida por Julio Ixcamey, del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Aizenstatd reconoció que la propuesta surgió de una reunión con representantes de APM Terminals. Además, enfatizó que es necesario anular el contrato.
Entre las condiciones que acepta APM Terminals está el pago de US$43.2 millones al Estado y la instalación de una máquina de rayos X para revisiones de seguridad.
El diputado Ixcamey opinó que si existe voluntad de esa empresa, debería de presentarse ante los tribunales de justicia.
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En la reunión también participan el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, la titular de la Procuraduría General de la Nación, Gladys Anabella Morfin y el presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, Bernardo López.
El interventor recordó las deudas que tiene TCQ y expresó su preocupación por las plazas de trabajo que están en riesgo.