“Hay que estudiar la ruta”
Análisis de Anabella Morfín, titular de la PGN

Se tendrá que analizar la propuesta del interventor, pero de conformidad con la ley no procede una reparación económica porque ya transcurrió más de un año, a la vez, tiene que resolverse la demanda de nulidad que hay en una Sala de lo Contencioso Administrativo para que el Estado vuelva a tener a disponibilidad las áreas que se dieron en el contrato. Sin embargo, el Viceministerio de Puertos y Aeropuertos ha indicado la necesidad de una terminal porque no se ha dado el mantenimiento al Puerto Quetzal para ser eficiente

La empresa neerlandesa está de acuerdo con iniciar un nuevo contrato con el Estado para la concesión de una terminal marítima

El nuevo propietario de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) aceptó la propuesta del interventor Alex Aizenstatd en entregar una reparación económica por US$43.2 millones al Estado y poner a operar la terminal en el Puerto Quetzal.

También se propone que se anule de manera voluntaria el contrato actual para ofrecer una nueva concesión, que debe autorizar el Congreso.

Aizenstatd informó que el cálculo para que indemnizar al Estado está basado en la inversión de Terminal de Contenedores de Barcelona, que fue la primera empresa que obtuvo el contrato.

“Básicamente tienen que volver a pagar la inversión. El   pago es un aproximado del valor del negocio sin tomar en cuenta las deudas que hoy superan los US$140 millones”, agregó el interventor.

El presidente, Jimmy Morales, al enterarse de la disponibilidad de la compañía extranjera, indicó que continuarán velando por los intereses del país y que todos los bienes y los activos del Estado deben ser utilizados para el beneficio social y económico del país.

Morales resaltó que con la sugerencia del interventor se enfatiza en dos factores, el primero es que bajo ninguna circunstancia se puede dejar la persecución criminal, pues la lucha contra la corrupción empezó y no debe detenerse.

“El segundo punto era imprescindible que la terminal TCQ funcionara para el beneficio del país, respetando las leyes, pero ahora que rebasa las competencias del Ejecutivo se espera que el acuerdo en el Congreso sea de buen juicio y tomen las decisiones adecuadas sin perder las dos condiciones mencionadas”, resaltó Morales.

Enrique Godoy, comisionado presidencial para el Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura   Crítica, mencionó que es importante que la empresa haya reconocido que fue un proceso anómalo permite encontrar un mecanismo legal y político para la negociación que deberá avalar el Congreso.

No obstante, ahora que debe participar el Legislativo en la discusión se vuelve compleja la situación por el tipo de concesión que se hará, porque no habrá licitación y es el organismo que avala ese tipo de negociaciones.