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#PlazasFantasma Sala revoca decisión y dicta prisión preventiva para exdiputados vinculados pic.twitter.com/JL0tn2q9kh
— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) July 5, 2016
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La Sala Primera de Apelaciones Penal que preside Freddyn Fernández resolvió enviar a prisión a cuatro exlegisladores que gozaban de libertad condicional derivado del caso Plazas fantasma.
Se trata de Alfredo Rabbé Tejada, Edgar Cristiani Calderón, Carlos Herrera Quezada y Luis Mijangos Contreras, quien fue el gerente del Congreso el año pasado.
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El fiscal, Juan Francisco Sandoval, detalló que el juez Villatoro deberá citar a los exparlamentarios en un plazo de hasta tres días para notificar y acatar la orden de la Sala Primera de Apelaciones para enviarlos a prisión.
El caso
El 31 de julio de 2016 Walter Villatoro, titular del Juzgado Décimo Penal benefició a los sindicados al otorgarles fianzas de Q100 mil a cada uno para recuperar su libertad.
Dos días después, la Fiscalía planteó la apelación y argumentó el “riesgo en la investigación y el obstáculo a la justicia y la averiguación de la verdad”.
Con la resolución de la Sala el juez Villatoro tendrá un máximo de tres días para citar a los exdiputados y durante una audiencia tendrá que explicarles la resolución a los exlegisladores para volver a la cárcel militar Mariscal Zavala.
Herrera acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acompañado de Cristiani y Rabbé y sus abogados y planteó una recusación en contra del magistrado Nery Medina, quien preside la Cámara Penal.
“Este es un acoso político”, calificó Herrera la acusación en su contra que planteó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los otros procesados prefirieron guardar silencio.
La acción de Herrera suspendió el comienzo de una audiencia en donde se discutiría el traslado del proceso de la judicatura de Villatoro hacia un juzgado de mayor riesgo.
Por el caso enfrentan proceso de antejuicio cinco diputados, entre ellos dos expresidentes del Congreso: Luis Rabbé y Arístides Crespo. La CSJ dio trámite y nombró pesquisidores para que en un plazo de hasta 60 días realicen un dictamen luego de escuchar a los procesados.