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Basado en la sospecha de lavado de dinero, el Ministerio Publico (MP) ha solicitado el embargo y la inmovilización de propiedades de los señalados de casos de corrupción, entre ellos el presidente, Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta, Roxana Baldetti.
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La Fiscalía justifica la petición, que ha aceptado el Juzgado de Extinción de Dominio, en la sospecha de que el origen de los bienes es ilícito.
En dinero, la fiscalía ha logrado medidas cautelares de Q40 millones 307 mil, además de US$1 millón 609 mil.
A eso se suma un hotel, fincas, oficinas, vehículos, una moto acuática, lanchas, un helicóptero, viviendas y un hotel.
