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El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad destaparon este jueves un caso de contrataciones anómalas y plazas fantasma en el Congreso, en donde están involucrados los últimos cuatro presidentes de ese organismo.
Los delitos que se le sindican son abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Según el código penal el primer delito se refiere a cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares. Esta falta tiene una pena de uno a tres años de prisión.
En el caso de peculado, (que se refiere a la sustracción o consentimiento de que otro sustraiga dinero o efectos publicos que tenga a su cargo un fucionario), las penas van desde tres a diez años de prisión y multa de quinientos a cinco mil quetzales.
La audiencia de primera declaración estaba prevista para este viernes a las 9:30 en el Juzgado Décimo Penal, previo al inicio, el exdiputado Carlos Herrera se presentó en el juzgado y aseguró que se enteró muy tarde de la orden de captura en su contra.
Por este caso, están implicados tres exdiputados, el exdirector general del Congreso y siete diputados de la actual legislatura, entre ellos Luis Rabbé y Aristides Crespo.
