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¿Cuál es la evaluación que la CIDH hace sobre Guatemala en el informe sobre los derechos humanos?
En el documento se hace un repaso de la situación en general de los derechos humanos en Guatemala, aunque enfocado en ciertos aspectos. Por ejemplo, la inseguridad, la administración de la justicia, que fue uno de los grandes temas del año pasado, y la situación de desigualdad e exclusión en que viven los pueblos indígenas. El informe analiza los índices de pobreza, de impunidad, de analfabetismo y de exclusión social. Otro tema que se aborda es el de las consultas en las comunidades que no están de acuerdo con las posibles invasiones a sus tierras ancestrales. Lo que ahora esperamos es entrar en una nueva fase con este gobierno que recién acaba de asumir el cargo.
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Entonces, ¿qué papel juega el gobierno de Jimmy Morales?
Como primer paso debemos impulsar un diálogo franco y abierto. El propio canciller dijo, y el presidente Morales estuvo de acuerdo, que vamos promover una discusión, de repente no podremos estar de acuerdo en todo, pero será un diálogo. Este es un buen paso, porque hasta hace unos meses no teníamos un acercamiento con Guatemala. Por lo menos se ha tocado el tema y las autoridades han mostrado voluntad de avanzar, sobre todo para implementar las 11 sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) y de nuestros informes. No será algo inmediato, pero ojalá se avance.
¿Cuáles son las 11 sentencias de las que habla?
Por ejemplo, casos como el de Bámaca Velásquez, la masacre de las Dos Erres, plan de Sánchez, entre otros. Muchos tienen que ver con los incidentes que ocurrieron durante el conflicto armado interno y que, a pesar de que el Estado de Guatemala ya había aceptado la determinación de la CorteIDH, de repente, hace dos años, se dice que no se aceptarán las sentencias. Esto es grave porque se califica la actitud de Guatemala como un desacato.
Hace unos días cuatro diputados presentaron una iniciativa de ley para reactivar la pena de muerte en Guatemala. ¿Cuál es su reacción?
Si va a haber un debate, no pueden quedar fuera de esta discusión las obligaciones internacionales asumidas libremente por el Estado guatemalteco. Guatemala ratificó la Convención Americana, que dice claramente que no se puede ampliar la aplicación de la pena de muerte. Por otro lado, las investigaciones aseguran que no hay correlación entre la existencia de la pena de muerte y la reducción de los crímenes violentos. Hay estudios que confirman que no ejerce un efecto persuasivo. Infelizmente suele ser una medida en términos mediáticos, pero no si hablamos como una política pública. Además, es ilegal porque Guatemala ha ratificado esos compromisos.
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¿Qué opina de la participación del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana?
La función militar es estrictamente militar. Es decir, que el Ejército debe limitarse a la defensa de las fronteras y de otros asuntos. No puede participar en actividades relacionadas con la seguridad ciudadana. La jurisprudencia de la CorteIDH es clara en el sentido de que la justicia militar no puede juzgar sus propios hechos.
¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en Latinoamérica?
Creo que, si se analiza desde una perspectiva histórica, tengo que reconocer que los países del continente hoy en día son estructuras democráticas con eficiencias y con problemas, si se compara con 30 o 40 años atrás. Hay avances, por ejemplo, con el tema de la comunidad LGTB, hay reconocimiento jurídico en muchos aspectos y cambios en las normas constitucionales. Sin embargo, vemos que aún se enfrentan problemas graves de violaciones, por ejemplo el de la desaparición forzada en el caso emblemático de Ayotzinapa en México, la tortura que sigue siendo una práctica muy común en algunos países y los ataques en contra de los defensores como el que sufrió Berta Cáceres. Hay razones para ser optimistas, pero aún existen desafíos en la práctica.
