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El caso La acusación detalla que la empresa habría utilizado la estructura liderada por Omar Franco, quien fue titular de la SAT y Giovanni Marroquín Navas (ambos en prisión por el caso La Línea) para desestimar una denuncia de defraudación por Q255 millones 612 mil 266.82 en 2012. La entidad influyó sobre funcionarios del ente recaudador y logró la devolución de un crédito fiscal por Q11.9 millones, según la investigación.
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Durante el tercer día de audiencia en el caso denominado “Impunidad y defraudación” la Fiscalía ha reproducido más escuchas telefónicas en las que Frank Trujillo, representante de la empresa Aceros de Guatemala, S. A., negocia los informes tributarios.
En una llamada Trujillo discute con Gionvanni Marroquín (preso por el caso La Línea) por “el contenido del informe” y le advierte no señala “de forma explícita” si la empresa cumplió con sus obligaciones tributarias.
El ente acusador plantea como indicios 150 escuchas telefónicas, derivadas de la investigación del caso La Línea, en las que Trujillo habría incidido en la elaboración de tres informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para desestimar una demanda penal por evasión de impuestos.
