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Otros focos de corrupción Análisis de Abelardo Medina El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó un informe donde identificó que existen cinco focos de opacidad en la SAT, que son en aduanas, devolución de crédito fiscal, administración de casos jurídicos, el registro fiscal de vehículos y la discrecionalidad de auditorías, los cuales han de tener conexión con La Línea.
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El Ministerio Público (MP) detectó que hubo cambios en los informes tributarios para desestimar la acusación penal.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP informaron que los intendentes de Asuntos Jurídicos y Fiscalización pudieron haber recibido sobornos de Aceros de Guatemala.
La compañía es acusada de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria por haber realizado exportaciones ficticias que ascendieron a más de Q255 millones.
Debido a esa denuncia la compañía contrata a Tres Puertos para solventar su situación legal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y así obtener una recuperación fiscal de Q11.8 millones.
Thelma Aldana, fiscal general del MP, mencionó que de lo devuelto del Impuesto al Valor Agregado para Aceros de Guatemala destinó el 11.5% para pago de la entidad Tres Puertos, S.A, de los cuales Geovanni Marroquín Navas, involucrado en el caso de La Línea, y ahora acusado de tráfico de influencias, distribuyó el 33% como pago para funcionarios de la Administración Tributaria.
La jefa del MP explicó que la acreditación fue localizada en una tabla de Excel en el teléfono del señor Marroquín.
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El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, adicionó que los altos funcionarios de la entidad son los que reciben los beneficios, y los de nivel medio, los que firmaban los dictámenes simplemente reciben ordenes de sus jefes que varíen de la manera como fue acordado.
De acuerdo con las investigaciones, el caso denominado Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT, estaba conformado por 11 empleados del fisco y tres personas externas.
Aldana enfatizó que desde el viernes se pidió el arraigo para el exintendente Ariel de Jesús Guerra, María Eugenia Valdés Gómez, representante legal de la empresa acusada y Frank Manuel Trujillo, abogado.
La fiscal expresó que la Fiscalía de Delitos Económicos conoce varias denuncias similares a la de Aceros de Guatemala, por lo que se realizan las investigaciones y pidió apoyo a la CICIG.
