0 of 6
Unos 300 vecinos de los cuatro municipios en donde fue aprobado el salario diferenciado de Q1,500 protestaron esta semana frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
PUBLICIDAD
“¡Queremos trabajo!“, decían algunos y mostraban carteles. Incluso, algunos amenazaron de “tomar” las sedes de la institución en Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso; en Masagua, Escuintla y en Estanzuela, Zacapa.
Este estipendio fue decretado por el presidente Otto Pérez el 23 de diciembre y fue catalogado por la oposición y los sindicalistas como un “mal regalo de fin de año” porque el salario mínimo en las actividades agrícolas y de maquila sobrepasa los dos mil quetzales.
Los alcaldes estiman que el nuevo salario atraería inversión extranjera en industrias textiles, de ensamblaje y de producción.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, accionó el 29 de diciembre ante la Corte de Constitucionalidad ya que se violaba un derecho internacional.
Los magistrados ampararon al procurador el mes pasado y el salario de Q1,250 más la bonificación de Q250 fue suspendido, aunque no en definitiva.
“Pedimos a la Corte de Constitucionalidad y al procurador que nos sentemos a dialogar“, expresó Blanca Alfaro, alcaldesa de Masagua, Escuintla.
Esta situación es compartida por los ediles Saúl Beltetón, de Guastatoya; Manuel Marroquín, de San Agustín Acasaguastlán, ambos en El Progreso y Julio Girón de Estanzuela, Zacapa.
“Se deben crear fuentes de trabajo en el país, pero ahora el magistrado de conciencia se opone a los salarios mínimos diferenciados, los cuales darán a trabajo a miles de personas“, explicó Beltetón.
Lee también:
Vecinos protestan en la PDH por la anulación del salario de Q1,500