Espectáculos

Fiscal acusa a Shakira de fraude en España

Equipo legal de Shakira se pronuncia por esta grave acusación.

Un fiscal español presentó una segunda reclamación fiscal contra Shakira, acusándola de defraudar al Estado por US $7 millones en 2018, según una petición al juzgado de instrucción a la que tuvo acceso agencias internacionales.

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Anteriormente, Shakira optó por ir a juicio en noviembre en Barcelona en un caso en el que niega no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos durante el periodo 2012-14, por lo que podría ir a prisión por un periodo de hasta ocho años.

En la nueva causa, el fiscal alega que en 2018 Shakira no declaró beneficios por valor de 12,5 millones procedentes de un anticipo de su gira El Dorado World Tour, entre otros. En ese momento, ella estaba en una relación con la estrella de futbol del FC Barcelona Gerard Piqué y vivía en la ciudad con sus dos hijos.

Señalamientos contra Shakira

Los fiscales sostienen que la cantante era residente en España y, por tanto, estaba obligada a tributar allí por todos sus ingresos mundiales, independientemente de dónde los hubiera obtenido. En lugar de ello, dicen, desvió dinero a “sociedades domiciliadas en países de baja tributación y gran opacidad”.

La cantante, de 46 años, que ha vendido millones de discos en todo el mundo, está acusada de no haber pagado 5.4 millones de euros en concepto de impuesto sobre la renta, y se calcula que debe 6,0 millones tras tener en cuenta los intereses devengados, pero también los pagos voluntarios.

También está acusada de defraudar al Estado 773 mil 600 euros en concepto de impuesto sobre el patrimonio, lo que supone una deuda de 625 mil 190 euros.

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El equipo legal de Shakira dijo que no había recibido ninguna notificación del nuevo caso en Miami, donde se encuentra actualmente.

“El equipo legal de Shakira está centrado en la preparación del juicio por los ejercicios fiscales 2012-14, que comenzará el 20 de noviembre”, señaló en un comunicado enviado por correo electrónico.

La cantante rechazó un acuerdo con los fiscales en el caso 2012-14, diciendo que estaba segura de que se había comportado de forma correcta y transparente desde el principio.

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