“Su servidor no tuvo ninguna intervención administrativa ni conocimiento del expediente” dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vladimir Aguilar, al pronunciarse acerca del contrato firmado entre el Estado y la empresa TCQ, por el que se habría pagado un soborno millonario.

Aguilar explicó que él no tiene responsabilidad ya que tomó posesión como titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 2013 y el contrato fue firmado en el 2012, indicó.

En el año de la firma del contrario el titular era Larry Robles.

Aguilar reiteró durante la conferencia de prensa que no conoció el usufructo.