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De las nueve detenciones que se realizaron el viernes están Jhonatan Harry Chévez.

•   Testaferro. La CICIG y el MP señalan a Chévez de ser el encargado de comprar propiedades para Baldetti y Pérez y así lavar el dinero adquirido de los sobornos. Además, Estuardo Álvarez alias Eco en el anticipo de prueba explicó que Chévez era una de las personas de confianza de Baldetti y ofreció ciertos negocios.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) en septiembre sugirió al expresidente Otto Pérez anular el contrato con la empresa española.

Luego de participar en la celebración del aniversario de la fundación del municipio de Villa Nueva, el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, mencionó que en el gabinete general de ministros que se llevará a cabo hoy, solicitarán a la Procuraduría General de la Nación (PGN) argumentos para analizar si se anula el contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Cabrera indicó que fue convocada a la reunión María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría, por la concesión de 25 años a la empresa española que ya cuenta con la infraestructura en el puerto Quetzal.

La PGN reiteró el sábado su postura de acabar dicho contrato, pues en 2015 recomendó anular esa concesión por irregularidades y procedimientos erróneos.

A la vez, el vocero presidencial, Heinz Heimann, indicó que también se pedirá la opinión de la Secretaría General de la Presidencia y de la Contraloría General de Cuentas.

“Hay que ver todos estos aditamentos (complementos) que se dieron al proceso, aunque eso será de utilidad para el país, pero bajo condiciones que sean transparentes, por lo que se escuchará a la Procuraduría y de tener razón habría que declarar lesivo”, expresó Cabrera, aunque el presidente Jimmy Morales indicó que ya no se podría declarar lesivo el contrato.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) develaron el viernes   una estructura de corrupción en la entrega de 34 hectáreas en el puerto Quetzal a la empresa española.

En dicha red se acusa a Otto Pérez y Roxana Baldetti de ser los líderes, y de haber recibido sobornos por más de US$24.5 millones y señalados de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

De acuerdo con Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el exmandatario utilizó su cargo para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación.

La investigación resaltó que Juan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti se reunió con Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, representantes de TCQ donde manifestó su inconformidad sobre el pago.