“Es un precedente nefasto”
Análisis del procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque

Es preocupante y lamentable que ese tipo de amenazas sigan dándose, y sobre todo en un caso como este donde se habla de millones de dólares, es reprochable que hasta piense en salir del país, ya que es un precedente nefasto del pasado. Desde la semana pasada fue evidente el estado de nerviosismo de la procuradora.

La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) denunció penalmente al gabinete de ministros del expresidente Otto Pérez.

La insistencia por anular el usufructo a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)   y recomendar que se declararan lesivos algunos contratos en empresas públicas les generó molestias a grupos que amenazaron a la procuradora María Eugenia Villagrán.

El presidente Jimmy Morales confirmó la renuncia de la procuradora general de la Nación, que indicó que por motivos personales renunciaba al puesto, por lo que estará en el cargo hasta el 31 de mayo.

Villagrán indicó que dejaba la PGN y que saldrá del país, ya que teme por su vida   y su familia , aunque informó que las amenazas no fueron directas hacia ella, sino por medio de sus asesores.

Por todos estos casos de alto impacto que se promovieron han tocado intereses oscuros, intereses económicos, por lo que no están contentos con el actuar generado”, resaltó la encargada de la PGN.

En un comunicado, la procuradora informó que presentó su renuncia el 12 de mayo, en dicho documento enfatizó en que durante su gestión trabajó con imparcialidad, seriedad y responsabilidad en la asesoría y consultoría de la representación de los intereses del Estado.

Villagrán solicitó mayor seguridad al Ministerio de Gobernación luego de que se desarticuló la banda, que se presume que lideraba el expresidente Pérez y pudo haber recibido sobornos por empresarios españoles para otorgar de la concesión de 34 hectáreas en la Portuaria Quetzal.

El mandatario Morales confirmó que se reunió con representantes de la empresa Maersk, que compró acciones de TCQ, para conocer su posición para alguna solución legal y “transparente” que no afecte los intereses del Estado.