La crisis de los mineros ilegales en Sudáfrica ha alcanzado niveles estremecedores tras la revelación de actos de canibalismo en la mina abandonada de Buffelsfontein, cerca de Stilfontein, en la provincia del Noroeste. Según testimonios de supervivientes, algunos de los atrapados en las profundidades de la mina recurrieron a este extremo para sobrevivir después de que las autoridades cortaran el suministro de alimentos en un intento de forzarlos a salir.
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“Sacaron partes de piernas, brazos y costillas para alimentarse. Decidieron que era la única opción que les quedaba para sobrevivir”, declaró un minero que logró salir con vida. Aunque él y otro colega insisten en que no participaron en los actos de canibalismo, ambos admitieron haber comido cucarachas para mantenerse con vida tras quedar sin provisiones.
Desde el inicio de la Operación Vala Umgodi (Cerrar el agujero) en agosto de 2024, las autoridades sudafricanas han rescatado a 1.907 mineros ilegales, pero cientos más permanecieron en los túneles, resistiendo las tácticas de presión de la Policía, incluida la reducción de suministros básicos como agua y comida.
En enero, los equipos de rescate recuperaron 78 cadáveres y lograron sacar a 246 personas de los pozos abandonados de Buffelsfontein, una de las minas más profundas del país. La mina, como muchas otras en Sudáfrica, se había convertido en un foco de actividad clandestina tras ser abandonada por la industria minera oficial.
Sudáfrica, conocida por su abundancia en recursos minerales, cuenta con 6.000 minas abandonadas, que a menudo se convierten en el objetivo de mineros clandestinos conocidos como ‘zama zamas’ —un término que significa “los que prueban suerte”. Estos mineros se arriesgan a condiciones extremas en busca de oro en los restos de los yacimientos agotados.
Dos de los mineros que escaparon contaron que habían comenzado a trabajar en la mina en julio de 2024, desempeñándose en líneas de suministro que transportaban alimentos y personas hacia las profundidades mediante cuerdas. Ganaban alrededor de 500 dólares al mes, una suma significativa para muchos, pero insuficiente para justificar los riesgos mortales.
En noviembre, la ministra de la Presidencia de Sudáfrica, Khumbudzo Ntshavheni, defendió las tácticas de presión, asegurando que era preferible “hacer salir con humo” a los mineros ilegales en lugar de arriesgar las vidas de los policías en enfrentamientos directos. Sin embargo, la situación ha provocado un debate nacional sobre los derechos humanos, la pobreza y la gestión de los recursos abandonados.
La tragedia de Buffelsfontein expone las profundas desigualdades sociales y económicas en Sudáfrica, donde miles de personas ven en las minas abandonadas una posibilidad de sobrevivir, aunque a menudo sea a costa de sus vidas. Este episodio de horror y desesperación subraya la urgente necesidad de abordar tanto la regulación de la minería como la situación de pobreza extrema que impulsa a tantos a convertirse en ‘zama zamas’.
