Ataques armados, amenazas y asesinatos contra alcaldes, concejales y actores políticos continúan registrándose en Guatemala incluso fuera de campaña electoral. Analistas advierten que el fenómeno podría convertirse en uno de los principales desafíos rumbo a las elecciones generales de 2027.
La violencia contra autoridades locales y actores políticos continúa generando preocupación en Guatemala a poco menos de un año de la convocatoria general de elecciones.
En los últimos meses y años, alcaldes, exalcaldes, concejales, candidatos y operadores políticos han sido víctimas de asesinatos, atentados armados y amenazas en distintos puntos del país, en hechos que reflejan cómo las disputas territoriales, económicas y de poder local continúan marcando la dinámica política guatemalteca.
Aunque muchos de estos ataques no ocurren directamente en campañas electorales, especialistas en seguridad y conflictividad consideran que el fenómeno podría intensificarse conforme se acerquen las Elecciones Generales de 2027.
2026: ataques y reacomodos políticos
Uno de los casos más recientes ocurrió el viernes 22 de mayo en Chinautla.
La concejal cuarto de la Municipalidad de Chinautla, Brenda Lizeth Granados Palomo de González, y su esposo, el empresario y político Rony Orlando González Cabrera, sobrevivieron a un atentado armado registrado en ruta hacia la aldea La Laguneta.
Hombres armados que se conducían en motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas.
Sin embargo, el piloto del automóvil logró reaccionar y presuntamente arrolló a los atacantes durante el incidente, provocando que algunos resultaran heridos.
En entrevista con Publinews, el analista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Cristhians Castillo, la conflictividad electoral en Guatemala ha evolucionado en los últimos procesos democráticos.
“En las primeras elecciones democráticas, las tensiones se relacionaban más con disputa de propaganda y espacio público. Ahora los hechos de violencia y conflictividad están más vinculados a dinámicas territoriales y estructuras criminales”, explicó.
Castillo indicó que, aunque todavía es prematuro afirmar que todos los ataques recientes responden directamente a violencia electoral, sí existe preocupación por territorios donde convergen política y economías ilícitas.
“Los ataques que se han identificado contra alcaldes y concejales se concentran principalmente en territorios donde hay presencia de economías criminales asociadas al narcotráfico, coyotaje u otras actividades ilícitas”, señaló.
Caso de 2025: El asesinato de Nelson Marroquín
Otro de los casos que más impacto generó fue el asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, a inicios de diciembre de 2025.
El jefe edil murió en un ataque armado perpetrado cuando se movilizaba en el municipio junto con su esposa. El crimen generó preocupación debido a que Escuintla figura entre los departamentos señalados históricamente por conflictividad, narcotráfico y disputas territoriales.
Tras el ataque, autoridades iniciaron investigaciones para determinar si el hecho estuvo relacionado con estructuras criminales, conflictos políticos locales u otros móviles.
Analistas consultados coinciden en que Escuintla forma parte de uno de los corredores territoriales donde convergen violencia homicida, presencia del narcotráfico y alta conflictividad política.
Castillo explicó que existe una correlación entre departamentos con altos índices de violencia y territorios donde históricamente se reportan incidentes de conflictividad electoral.
“Hay corredores claramente identificados como Escuintla, Suchitepéquez, Izabal, departamentos fronterizos y algunas áreas de Oriente donde coinciden presencia de narcotráfico, violencia homicida y conflictividad política”, indicó.
2025: El asesinato de Elías Ramírez
Uno de los casos que más conmocionó en noviembre de 2025, cuando un comando armado asesinó al excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, José Elías Ramírez Andrés, hecho que quedó grabado.
El político del partido Vamos fue atacado junto a otra persona en un hecho armado que evidenció nuevamente la vulnerabilidad de autoridades municipales frente a estructuras violentas.
El crimen provocó condenas de distintos sectores políticos y sociales, mientras las autoridades investigaban si el ataque estaba vinculado a disputas políticas, estructuras criminales o conflictos territoriales.
Ese mismo año también se reportaron amenazas y atentados contra concejales, exalcaldes y operadores políticos en distintos municipios del país.
Para el ex viceministro de Gobernación, Arkel Benítez, la violencia política también está relacionada con disputas por liderazgo territorial y manejo de recursos.
“La campaña ya empezó. El trabajo territorial de los partidos genera disputas por liderazgos locales y ahí aparecen inconformidades y tensiones. Además, sigue existiendo financiamiento anónimo y dinero de procedencia dudosa o ilícita que influye en estructuras políticas locales”, afirmó Benítez.
2023: el proceso electoral más conflictivo
El antecedente más fuerte continúa siendo el proceso electoral de 2023, marcado por asesinatos, amenazas y atentados contra candidatos y estructuras políticas en distintos departamentos.
Uno de los casos más conocidos fue el asesinato del alcalde de San Pedro Pinula, Jalapa, Mynor Morales, quien buscaba la reelección con el partido Vamos y murió en un ataque armado durante la campaña electoral.
También se registraron ataques contra candidatos y operadores políticos vinculados a partidos como UNE, Valor-Unionista, Cabal, Vamos y Prosperidad Ciudadana, principalmente en territorios donde existían disputas políticas locales o conflictos por control territorial.
Además de los ataques armados, el proceso electoral estuvo acompañado de una fuerte crisis política y judicial, incluyendo acciones contra candidaturas, partidos políticos y decisiones judiciales que generaron tensión sobre el sistema democrático guatemalteco.
Datos de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) reflejan que durante las elecciones de 2023 se registraron 114 hechos de violencia electoral y 151 incidentes de conflictividad electoral en el país.
Entre ellos figuraron asesinatos, atentados, amenazas, intimidaciones y ataques armados contra candidatos, alcaldes, activistas y operadores políticos en distintos departamentos.
Los municipios: el punto más vulnerable
Analistas en seguridad coinciden en que buena parte de los ataques contra actores políticos ocurre a nivel municipal debido al control territorial, contratación pública, manejo de recursos y presencia de economías ilícitas.
En muchos municipios, las alcaldías representan espacios estratégicos de poder político y económico.
Benítez considera que varias municipalidades se han convertido en espacios altamente disputados por intereses criminales y políticos.
“Las alcaldías son espacios de poder altamente disputados porque controlan presupuesto, obra pública y estructuras territoriales. En algunos municipios incluso existen señalamientos de vínculos entre autoridades y estructuras criminales”, indicó Benítez tras ser consultado.
El analista también advirtió que varias municipalidades son vulnerables frente al crimen organizado.
“Muchas municipalidades ya están controladas por estructuras criminales para facilitar impunidad en los territorios o saquear recursos públicos locales”, señaló.
Por su parte, Castillo añadió que en los últimos años también ha aumentado el número de alcaldes señalados o requeridos por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Un patrón que preocupa rumbo a 2027
Aunque aún faltan meses para la convocatoria oficial a elecciones, los expertos en seguridad consideran que los hechos de violencia podrían incrementarse conforme se acerquen las disputas partidarias y municipales.
Castillo explicó que históricamente los hechos más graves suelen registrarse durante y después de las jornadas electorales.
“La mayor cantidad de hechos de violencia y conflictividad política se registra el día de las elecciones y en las semanas posteriores, principalmente por rechazo a resultados, destrucción de centros de votación y amenazas contra integrantes de órganos electorales”, indicó.
Benítez, por su parte, considera que los ataques recientes podrían convertirse en una advertencia temprana de cara al próximo proceso electoral.
“El nuevo Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público deben definir estrategias para atender este fenómeno. Muchos problemas surgen por falta de controles y por ausencia de reformas políticas posteriores a cada elección”, afirmó.
La seguridad electoral, uno de los principales retos
A poco más de un año del inicio formal del próximo proceso electoral, el incremento de ataques contra alcaldes, concejales y actores políticos comienza a perfilarse como uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad y el sistema electoral.
Mientras varios casos permanecen bajo investigación y otros continúan sin capturas o condenas, el temor a amenazas o ataques ya forma parte del panorama político en distintos municipios del país.
En un contexto marcado por disputas territoriales, crimen organizado, control de recursos municipales y conflictividad local, analistas advierten que la seguridad electoral podría convertirse en uno de los temas más sensibles rumbo a las elecciones generales de 2027.