El Congreso trasladó este martes a la Corte de Constitucionalidad (CC) el veto presidencial al Decreto 10-2026, normativa que busca fortalecer las sanciones por abuso sexual infantil y otros delitos contra menores de edad.
La decisión fue aprobada con el respaldo de 102 diputados durante la sesión plenaria. El decreto contempla reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Con el envío del expediente, la Corte de Constitucionalidad deberá emitir una opinión respecto a la constitucionalidad de la normativa y del veto planteado por el Ejecutivo.
La propuesta legislativa tiene como objetivo endurecer las penas relacionadas con delitos sexuales contra menores, en un intento por reforzar la protección de la niñez y adolescencia en el país.