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Él es Gabriel García Luna, el nuevo Fiscal General del MP designado por Arévalo

Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal y abogado y notario.

Gabriel García Luna, designado por Arévalo como fiscal general del MP. Foto: RRSS
MP Gabriel García Luna, designado por Arévalo como fiscal general del MP. Foto: RRSS

Gabriel Estuardo García Luna, de 49 años, quien fue designado como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, llega al cargo con una larga trayectoria marcada por su paso en el sistema judicial y el ámbito académico.

Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal y abogado y notario. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos dentro del Organismo Judicial, desde juez de paz hasta juez de Primera Instancia en tribunales penales relacionados con narcoactividad y delitos contra el ambiente. También ha sido magistrado en salas de apelaciones y presidente de la Junta de Disciplina Judicial.


Trabajo en el ámbito académico

Además, actualmente es asesor penal en la Procuraduría General de la Nación, dirigido por Julio Saavedra, lo que le ha dado experiencia en temas legales desde el ámbito estatal.

En paralelo, ha desarrollado una carrera académica como catedrático universitario en la Universidad Rafael Landívar, donde ha impartido cursos de derecho penal y ha participado en la formación de nuevos profesionales del derecho.

Su perfil combina experiencia en tribunales, conocimiento técnico y trabajo académico, elementos que ahora pondrá a prueba al frente del ende investigador. Asimismo, su perfil resaltó derivado que no se le ha señalado o vinculado por casos de corrupción.

Garcia Luna durante la entrevista con Bernardo Arévalo. Foto: Gobierno de Guatemala
Noticias Garcia Luna durante la entrevista con Bernardo Arévalo. Foto: Gobierno de Guatemala

Plan de trabajo

En cuanto a su visión para el MP, García Luna presentó ante la Comisión de Postulación un plan de trabajo basado en los mandatos constitucionales que definen al MP como una institución autónoma encargada de dirigir la investigación penal.

Su propuesta incluye una reorganización interna que separa funciones administrativas y fiscales, con énfasis en mejorar la gestión de recursos, la selección de personal y la estructura territorial.

Uno de los puntos clave es revisar el despliegue institucional, ya que considera que tener presencia en todos los municipios no garantiza efectividad si no hay suficiente personal o especialización.

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