El presidente Bernardo Arévalo devolvió este miércoles al Organismo Legislativo el Decreto 10-2026, que reforma la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La decisión, publicada en el Diario de Centro América, responde a un veto presidencial por considerar que la normativa contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República.
Reformas vulneran principios penales dice el Ejecutivo
Según el Ejecutivo, la ley aprobada el 14 de abril pasado vulnera los principios penales de taxatividad y lesividad, además de inobservar el bloque de constitucionalidad en materia de protección integral de la niñez, adolescencia y familia. Por ello, Arévalo remitió el expediente al pleno del Congreso con observaciones específicas.
Lo que contiene la ley
El decreto objetado buscaba, entre otros puntos, endurecer las sanciones por delitos sexuales contra menores de 18 años. Establece penas de prisión inconmutables de 10 a 14 años por violación, y de 7 a 10 años por agresión sexual. Además, tipificaba como violación cualquier acto de acceso carnal o introducción de objetos en menores de edad, sin necesidad de acreditar violencia física o psicológica.
Embarazos en adolescentes
Según los datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), Guatemala enfrenta una crisis por embarazos en niñas y adolescentes, considerados en muchos casos consecuencia de violencia sexual.
Las cifras de 2025 reportaron más de 77 mil de casos de embarazos en menores de entre 10 y 19 años, con especial incidencia en departamentos como Alta Verapaz, Guatemala, Quiché, Huehuetenango y San Marcos.
