El próximo 17 de mayo de 2026 tomará posesión el nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026–2030, quien será designado por el presidente Bernardo Arévalo, conforme a lo establecido en la Constitución y la normativa vigente.
La designación deberá realizarse a partir de la nómina de seis candidatos que la Comisión de Postulación finalmente elaboró el pasado 24 de abril tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenó el primer listado.
Esta fase final del proceso no ha estado exento de cuestionamientos.
El proceso de selección bajo tensión
La elección del Fiscal General es uno de los mecanismos más sensibles dentro del sistema de justicia guatemalteco, debido al rol central que desempeña esta figura en la dirección de la persecución penal y en la definición de prioridades institucionales.
La Comisión de Postulación, integrada por representantes del sector académico, autoridades del sistema de justicia y el Colegio de Abogados y Notarios, tiene el mandato legal de evaluar a los aspirantes con base en criterios de capacidad, idoneidad y honorabilidad. Sin embargo, el desarrollo del proceso fue marcado por señalamientos, acciones legales y cuestionamientos sobre la transparencia de las evaluaciones.
Durante la etapa de integración de la nómina, distintos actores promovieron recursos legales para impugnar decisiones de la comisión.
Este diseño institucional busca equilibrar una fase técnica de evaluación con una decisión política final, aunque en la práctica ha sido objeto de críticas recurrentes en torno a la independencia del Ministerio Público y la influencia de distintos sectores en el proceso de selección.
Perfil actual: Consuelo Porras (2018–2022 - 2022–2026)
La actual fiscal general asumió el cargo en 2018, luego de que fue designada por el entonces presidente Jimmy Morales.
Fue reelegida en 2022 por Alejandro Giammattei para un segundo periodo consecutivo, lo que le permitió permanecer ocho años al frente del Ministerio Público.
Durante su gestión, el Ministerio Público ha tenido un rol activo en distintos procesos penales. Sin embargo, su administración también ha estado acompañada de cuestionamientos por parte de diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con la independencia de la institución y el rumbo de la persecución penal.
En el ámbito internacional, Porras ha sido incluida en listados de sanciones y señalamientos por parte de gobiernos extranjeros, vinculados a preocupaciones sobre el desempeño institucional y el combate a la corrupción. Estas medidas han sido citadas recurrentemente en el debate público sobre su gestión.
A nivel interno, organizaciones sociales, actores del sistema de justicia y analistas han planteado críticas sobre decisiones del Ministerio Público en casos de alto perfil, así como sobre el tratamiento de investigaciones relacionadas con corrupción y operadores de justicia.
Su salida del cargo se produce en medio de este contexto, tras completar dos periodos consecutivos que han marcado una etapa de fuerte debate sobre el papel y la independencia del Ministerio Público en Guatemala.
Antecesores en la jefatura del Ministerio Público
Thelma Aldana (2014-2018)
Durante su gestión, el Ministerio Público tuvo un papel protagónico en investigaciones de alto impacto, muchas de ellas desarrolladas en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En ese periodo se impulsaron casos relevantes vinculados a estructuras de corrupción dentro del Estado, lo que colocó al MP en el centro del debate político e institucional.
Su administración estuvo marcada por un fortalecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público, así como por una mayor visibilidad del trabajo fiscal en casos complejos. Tras dejar el cargo, su figura continuó siendo parte del escenario político y judicial del país.
Claudia Paz y Paz (2010–2014)
Su gestión se caracterizó por una reestructuración interna del Ministerio Público orientada a mejorar la eficiencia en la investigación criminal y la persecución penal. Durante este periodo se implementaron modelos de gestión enfocados en resultados, con énfasis en la reducción de la impunidad.
También se dio prioridad a casos de alto impacto, incluidos procesos relacionados con derechos humanos y justicia transicional, lo que posicionó al Ministerio Público en un rol relevante dentro del sistema de justicia.
Amílcar Velásquez Zárate (interino 2010)
Asumió la jefatura del Ministerio Público de manera temporal en un contexto de inestabilidad institucional, tras la anulación del nombramiento de su antecesor. Su gestión fue de carácter transitorio, enfocada en dar continuidad administrativa mientras se resolvía el proceso de designación del titular definitivo.
Este periodo reflejó las tensiones existentes en torno al mecanismo de elección del Fiscal General y la fragilidad institucional del proceso en ese momento.
Conrado Reyes (2010)
Fue designado Fiscal General en 2010; sin embargo, su nombramiento fue anulado posteriormente por la Corte de Constitucionalidad, tras acciones legales que cuestionaban el proceso de selección.
Este episodio generó una crisis institucional en el Ministerio Público y evidenció los conflictos en torno a la conformación de la Comisión de Postulación y la transparencia del proceso. Su breve paso por el cargo se convirtió en un precedente relevante dentro de la historia reciente del sistema de justicia.
Juan Luis Florido (2008–2010)
Su gestión se desarrolló en una etapa de transición para el Ministerio Público, en la que se buscaba consolidar reformas orientadas al fortalecimiento institucional y a la mejora de las capacidades de investigación.
Durante su administración, el MP continuó su proceso de adaptación a cambios legales y estructurales dentro del sistema de justicia, en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad y persecución penal.