La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que el proceso de elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 debe regresar a la fase de evaluación de expedientes, dejando en suspenso el período de impugnaciones a la nómina de candidatos.
Con esta decisión, la comisión de postulación deberá retomar la revisión de perfiles, particularmente bajo un nuevo criterio establecido por la alta corte.
Según la CC, el tiempo ejercido como juez no puede ser considerado como experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía para cumplir con los requisitos del cargo.
No obstante, se establece una excepción para quienes hayan fungido como magistrados de Salas de Apelaciones u otros tribunales de igual categoría durante un período completo.
¿Qué pasos siguen?
El cumplimiento de la resolución inicia con la notificación formal al presidente de la República. A partir de ese momento, el mandatario cuenta con un plazo máximo de cuatro horas para devolver la nómina a la comisión de postulación y deberá abstenerse de nombrar al Fiscal General.
Posteriormente, la comisión tendrá 48 horas para acatar lo ordenado por la CC, lo que incluye la revisión de las calificaciones de los aspirantes que han ejercido como jueces y la asignación de nuevos punteos conforme al criterio fijado.
Una vez recalificados los expedientes, se abre un plazo adicional de 24 horas para integrar una nueva nómina de candidatos, la cual deberá ser remitida de inmediato al presidente. Finalmente, las autoridades señaladas deberán presentar un informe detallado a la CC en un máximo de 12 horas, explicando el cumplimiento de la resolución.
La decisión de la CC reconfigura el proceso de elección del próximo Fiscal General, en medio de un escenario de alta tensión institucional y debate sobre los criterios de idoneidad para el cargo.