Ante el constante incremento en los precios de los combustibles, el Directorio de la Superintendencia de Competencia presentó una recomendación normativa al Congreso para reformar la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.
La propuesta plantea endurecer las sanciones contra prácticas anticompetitivas, especialmente la concertación de precios, elevando las multas hasta Q20 millones contra empresas, distribuidoras o gasolineras que se pongan de acuerdo para fijar precios.
Actualmente, las sanciones rondan los Q3 millones, según lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas.
Además, la iniciativa contempla que, a partir de noviembre de este año, sea la Superintendencia de Competencia la entidad encargada de investigar y sancionar estas prácticas en el sector de hidrocarburos.
Esto coincidiría con la entrada en vigencia plena de la Ley de Competencia.
Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la regulación del mercado y evitar abusos que impacten directamente en el bolsillo de los consumidores, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.