El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, advirtió sobre debilidades en la respuesta institucional frente al incremento en los precios de los combustibles, e instó a fortalecer las capacidades operativas de entidades clave en el marco del Plan Centinela.
Durante una visita a la Dirección de Atención y Defensa del Consumidor (Diaco), se informó que han sido presentadas 69 denuncias ante el Ministerio Público por posible especulación de precios, de las cuales 42 corresponden a la Ciudad de Guatemala y 27 a distintos departamentos del país. Las denuncias se relacionan con variaciones en el precio por galón de gasolina superior, regular y diésel, así como posibles casos de desabastecimiento.
Como parte de las acciones de verificación, el PDH supervisó estaciones de servicio junto a la Diaco, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los consumidores.
Las inspecciones incluyeron la revisión de la calidad y cantidad del combustible, así como la detección de posibles irregularidades como la presencia de agua en el producto.
El procurador indicó que estas diligencias buscan determinar si existen justificaciones técnicas para el alza en los precios y subrayó la necesidad de que las instituciones cumplan con su función de velar por los derechos humanos y la estabilidad económica.
Asimismo, señaló que la Diaco cuenta con un número limitado de inspectores en la capital, por lo que urgió a fortalecer su personal, capacitación y equipamiento.
Las supervisiones continúan a nivel nacional con el apoyo de las auxiliaturas departamentales y municipales, con el fin de prevenir la especulación y asegurar el respeto a los derechos de la población consumidora.