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El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó de manera categórica que la prórroga para la implementación de reductores de velocidad en el transporte pesado no forma parte de la agenda legislativa para su discusión.
La postura surge en medio de un ambiente de tensión, luego de que representantes de distintas gremiales de transportistas abandonaran las instalaciones del Palacio Legislativo visiblemente molestos.
Los transportistas acudieron este lunes con la intención de ser escuchados en la Instancia de Jefes de Bloque; sin embargo, no fueron recibidos por los jefes ni subjefes de las bancadas.
“El Congreso rechazó esa prórroga. No está ni en agenda, ya no es motivo de discusión”, declaró el presidente ante un dictamen favorable por parte de la comisión de comunicaciones.
Limitadores de velocidad en discusión
La iniciativa de ley que buscaba atender la problemática proponía una prórroga para la implementación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en el transporte pesado, medida contemplada en el decreto 11-2017, reforma al decreto 45-2026 de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.
Dicha salida legislativa surgió con el objetivo de dar más tiempo a las empresas para adecuar sus unidades.
Además, contemplaba ajustes técnicos y plazos escalonados para la instalación de estos dispositivos, así como mecanismos de verificación y sanciones graduales para quienes incumplieran.
La medida también pretendía equilibrar la exigencia de seguridad vial con la capacidad operativa del sector transporte, que ha señalado dificultades económicas y técnicas para cumplir con la normativa en los tiempos establecidos.
Sin embargo, ante el último hecho de tránsito que dejó víctimas mortales en ruta al Pacífico el fin de semana, el Congreso mantiene firme la obligación de implementar el sistema, buscando que las empresas cumplan con la normativa vigente para reducir los accidentes en las carreteras del país.
Se vence el plazo
Según el acuerdo, a partir del 2 de marzo la Dirección General de Transportes(DGT) iniciará la imposición de multas a los automotores que incumplan con la implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), como parte de las medidas para reforzar la seguridad vial en el país.
Durante los primeros seis meses de vigencia la sanción será equivalente a cinco salarios mínimos del sector no agrícola; entre seis meses y un año, la multa aumentará a siete salarios mínimos; y, a partir de un año, ascenderá a diez salarios mínimos, incrementando progresivamente la penalización para quienes no cumplan con la normativa.
Así quedaría con base en el salario mínimo vigente en 2026 (Q4,002.28): las multas se traducen en Q20,011.40 en los primeros seis meses, Q28,015.96 de seis meses a un año y Q40,022.80 después de ese período.
La DGT, en conjunto con PROVIAL y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, realizará operativos interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones correspondientes.
Posibles protestas
Ante el rechazo de la prórroga, transportistas han advertido sobre un paro nacional en la fecha prevista que da inicio a los operativos de control y sanciones por parte del Ministerio de Comunicaciones.
El dirigente de ASTATIGUA, William Barrera, señaló en una entrevista a La Red que, actualmente no existe control por parte de las autoridades, “no hay retenes en carretera, hay carros de carrera, motos, el control de la velocidad es para todos”, afirmó.
Asimismo, adelantó que en las próximas horas la gremial podría entrar en asamblea y brindar una conferencia de prensa para informar sobre las acciones a tomar.