Después de más de tres décadas de funcionar con apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación (PGN) finalmente tiene su propia ley. El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley Orgánica de la institución, publicada hoy en el Diario de Centro América como Decreto 7-2026, poniendo fin a 32 años en los que la entidad se regía por fragmentos de la Ley del Ministerio Público. La nueva legislación no solo subsana un vacío histórico, sino que fortalece la autonomía de la PGN, que desde su separación constitucional del MP en 1994 operaba sin un precepto que definiera su organización y funcionamiento.
Más detalles
La normativa llega para revolucionar la capacidad operativa de la entidad. Con esta herramienta legal, la PGN podrá ampliar su cobertura a nivel nacional y optimizar los servicios que presta. Entre sus funciones clave destacan la asesoría jurídica a entidades estatales y un pilar social fundamental: la representación legal de niños, adolescentes, adultos mayores en riesgo y personas con discapacidad, así como la defensa provisional de ausentes e incapaces. Además, se consolida como querellante adhesivo en casos donde las víctimas sean menores de edad.
Representación del Estado
Con la nueva estructura, la PGN organiza su trabajo a través del procurador general, quien ahora cuenta con atribuciones reforzadas. Podrá ejercer la representación del Estado en todos los ámbitos, defender sus intereses judicial y extrajudicialmente, y accionar ante tribunales nacionales e internacionales. La ley también detalla una organización interna más robusta que incluye la consultoría del Estado, subprocuradurías especializadas en Defensa del Estado y Niñez, y una Gerencia General, prometiendo una institución más técnica y cercana a los guatemaltecos.