El presidente Bernardo Arévalo anunció este lunes la implementación de un nuevo estado de Prevención por 15 días, que iniciará el 3 de marzo, tras la finalización del primero. Con esta medida, el gobierno busca consolidar los avances obtenidos en el combate a las estructuras criminales que operaban en distintos barrios de la capital, se detalló.
La decisión llega como parte de una cadena de acciones extraordinarias que comenzaron luego de los ataques de integrantes de la pandilla Barrio 18 contra agentes de la Policía Nacional Civil el pasado 18 de enero. Esa jornada dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 7 heridas, lo que motivó al Ejecutivo a decretar primero un estado de Sitio por 30 días y, posteriormente, el primer estado de Prevención por 15 días.
Destaca logros
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo destacó que los logros de los operativos van más allá de las detenciones y el decomiso de cámaras. “Se desarticuló la capacidad de estas organizaciones de ejercer control como si fueran autoridad sobre territorios, barrios, calles de nuestra ciudad”, afirmó el mandatario.
El presidente también anticipó que los resultados serán visibles en la cotidianidad de los guatemaltecos, especialmente en el transporte público. “Lo van a ver cuando se suban a los buses en la madrugada, cuando vean los operativos que van a estar priorizando el transporte público”, aseguró Arévalo.
Con esta prórroga, el gobierno reafirma su compromiso de recuperar espacios que las pandillas habían tomado como propios, garantizando mayor seguridad para los ciudadanos en las rutas y colonias más afectadas.
Estado de Prevención
Con el estado de Prevención, se toman varias medidas gubernamentales, siendo estas:
Militarizar los servicios públicos y escuelas.
Limitar o prohibir el derecho de huelga y de paro en entidades.
Limitar o prohibir las reuniones al aire libre, las manifestaciones y otros espectáculos, incluso tiene el poder de disolverlas.
Disolver por la fuerza reuniones, grupos o manifestaciones públicas no autorizadas.
Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas.
Registrar a las personas y exigirles información sobre su itinerario de viaje.
Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten publicaciones que contribuyan a alterar el orden público.