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Juez frena proceso penal en el caso TREP y lo envía a lo administrativo

El caso ahora cambia de rumbo.

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Vinculados en la investigación que se realiza por posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023. (Foto: Archivo/Publinews) (JOHAN ORDONEZ )

Recuerda acá: Cuatro magistrados del TSE con orden de captura se ponen a disposición de un juzgado

El juez Mario Hichos resolvió este viernes 20 de febrero suspender la persecución penal relacionada con la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en los comicios generales de 2023 y determinó que el asunto debe dirimirse en la vía administrativa.


La decisión responde a una petición planteada por magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes habían solicitado que se revisara la legalidad del proceso, argumentando que no se había agotado el procedimiento administrativo previo antes de iniciar acciones penales.

El caso se mantiene en discusión desde hace más de un año y medio, periodo en el que se aplazó la audiencia en la que cuatro magistrados —Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas y Mynor Custodio Franco— buscaban el cese de la persecución en su contra.

La investigación impulsada por el Ministerio Público derivó, en abril de 2024, en la suspensión de los funcionarios electorales de sus cargos. Posteriormente, en noviembre de 2025, retomaron sus funciones.

Al fundamentar su resolución, el juez Hichos señaló que antes de avanzar en la esfera penal debía determinarse si el contrato para la adquisición del equipo informático representaba o no una afectación a los intereses del Estado.

En ese análisis, indicó, corresponde intervenir a la Procuraduría General de la Nación (PGN), instancia encargada de evaluar posibles responsabilidades en el ámbito administrativo.

Con esta decisión, el expediente cambia de rumbo y deja en pausa la vía penal mientras se agota el procedimiento correspondiente en la instancia administrativa.

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