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Postuladora del TSE define la nómina de 20 que será entregada al Congreso

Durante una sesión ágil se ha definido la lista de los profesionales.

La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral
Sesión. La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que encabeza el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, definió este martes la nómina de los 20 aspirantes que será entregada al Congreso.

Poco más de una hora duró la votación. “Me abstengo” o “a favor”. Esta fue la metodología que los comisionados utilizaron para integrar la nómina. Tras varias semanas de trabajo, esta instancia concluyó con la elección de la lista, que este mismo día será enviada al Legislativo. Además, mañana será publicada en el diario oficial.


Esta es la nómina final:

  1. Wilber Estuardo Castellanos Venegas
  2. Juan José Bolaños Mejía
  3. Mario Alexander Velásquez Pérez
  4. Lesther Castellanos Rodas
  5. José Luis de Jesús Samayoa Palacios
  6. Rafael Morales Solares
  7. Rosa Mariella Rivera
  8. Roberto Estuardo Morales Gómez
  9. Eva Marina Recinos Vásquez
  10. Selvin Guadalupe Guevara Farfán
  11. Francisco Javier Puac Choz
  12. Esmeralda Judith Orozco Navarro
  13. Giovanni Francisco Soto Santos
  14. Karin Virginia Romero Figueroa
  15. Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
  16. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
  17. Julio César Recinos Fabián
  18. Alfredo Skinner-Klee Arenales
  19. Joaquín Rodríguez Flores
  20. José Alberto Godínez Rodríguez

Decisión en el Congreso

Una vez el Legislativo reciba la nómina de 20 candidatos, los diputados asumirán la responsabilidad de elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que conformarán el TSE. Se requieren 107 votos de los 160 legisladores para integrar el ente electoral que tendrá a su cargo la organización de las próximas dos elecciones generales en Guatemala.

El TSE es la institución fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales durante los próximos seis años.

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