En una jornada clave para la justicia guatemalteca, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), dirigido por el rector Walter Mazariegos, lleva a cabo este lunes 16 de febrero la elección del magistrado titular y suplente que representarán a la casa de estudios en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. La cita es en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, en La Antigua Guatemala, un cambio de sede que ya ha generado las primeras críticas en donde se observa un dispositivo de seguridad.
Los candidatos a magistrado titular:
- Alejandro José Gutiérrez Dávila
- Guillermo Demetrio España Mérida
- Élfego René Jeréz Chacón
- Erwin Rolando Rueda Masaya
- Héctor Ovidio Pérez Caal
- Héctor Ricardo Echeverría
- Jorge Mario Godoy Montoya
- José Luis Aguirre Pumay
- Julia Marisol Rivera Aguilar
- Leyla Susana Lemus Arriaga
- Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
- María Consuelo Porras Argueta
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Walter Paulino Jiménez Texaj
Detalles
El ambiente en torno a la elección es de total polémica. De los 41 integrantes del CSU, 30 tienen sus cargos vencidos desde febrero de 2025, lo que para diversos sectores resta legitimidad al proceso. A esta anomalía se suman dos recursos de amparo presentados para intentar suspender la convocatoria, señalando irregularidades como la falta de transparencia y la integración irregular del cuerpo elector.
La nómina de 14 candidatos ha encendido las alarmas en la sociedad civil y la comunidad internacional. Destacan los nombres de la actual presidenta de la CC y aspirante a la reelección, Leyla Susana Lemus Arriaga, y la fiscal general, María Consuelo Porras, quien busca un puesto que le otorgaría inmunidad por cinco años al finalizar su gestión al frente del Ministerio Público.
El diputado opositor, José Chic, planteó un recurso legal:
Hay amparos
Dos recursos de amparo intentan detener la elección. El diputado David Mauricio Illescas Sandoval impugnó la convocatoria hecha por el rector Walter Mazariegos, señalando irregularidades como la convocatoria vía WhatsApp y la reunión en un hotel de zona 10.
Illescas argumenta que sólo 11 de los 41 consejeros ejercen con mandatos vigentes. Por su parte, el abogado Javier Monterroso presentó otro amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, afirmando que 23 consejeros tienen períodos vencidos.
Ambos recursos exigen suspender la convocatoria hasta regularizar la integración del CSU, advirtiendo que de lo contrario, la legitimidad de los futuros magistrados quedaría comprometida desde su origen.