El reloj comenzó a correr para definir el futuro del Ministerio Público (MP). Desde este lunes 16 y hasta el viernes 20 de febrero, la Comisión de Postulación habilitó la recepción de expedientes para los profesionales del derecho interesados en integrar la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, cargo que actualmente ocupa Consuelo Porras y cuyo segundo período consecutivo culmina el próximo 17 de mayo.
La sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el punto de reunión para los aspirantes, quienes pueden presentar su documentación en un horario de 8:00 a 15:30 horas. El objetivo final es conformar la lista que será entregada al presidente Bernardo Arévalo el próximo 20 de abril, tras la votación en la postuladora. Será entonces el mandatario quien tenga la última palabra para elegir al sucesor de Porras al frente de la entidad encargada de la persecución penal.
Los primeros
El primer acercamiento se registró esta misma mañana. El abogado Nicolás Cuxil Güitz se presentó en el módulo de recepción, aunque únicamente para solicitar el formulario correspondiente, sin presentar aún su expediente. También Marco Cortéz, abogado guatemalteco con trayectoria principalmente como fiscal del Ministerio Público, quien se postuló. En los próximos días se espera la llegada de más postulantes interesados en dirigir la institución en un momento crucial para la justicia en el país.
Perfil y documentos
Los requisitos para participar en la contienda son estrictos y están diseñados para garantizar la idoneidad del cargo. Los candidatos deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados activos y mayores de 40 años. La ley exige además “reconocida honorabilidad” y una sólida trayectoria: o haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o acreditar más de diez años de ejercicio profesional de la abogacía.
La documentación requerida incluye certificaciones de colegiado activo sin sanciones del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), constancias de la CSJ, antecedentes penales y policiales limpios, y solvencias de la Contraloría General de Cuentas, junto con las declaraciones juradas de probidad.
