La audiencia en la que se conocían las medidas cautelares solicitadas por el presidente Bernardo Arévalo contra el fiscal Rafael Curruchiche tuvo un giro procesal, luego de que el abogado que representa al mandatario recusara al juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal.
La recusación fue planteada durante el desarrollo de la diligencia, lo que obligó al juez Orellana a ordenar que el expediente sea elevado a una Sala de Apelaciones, instancia que deberá resolver si el juzgador puede continuar conociendo el caso o si debe apartarse del mismo.
Debido a esta acción legal, la audiencia quedó en suspenso, a la espera de la resolución de la Sala correspondiente, lo que retrasa la decisión sobre las medidas solicitadas por el presidente Arévalo contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Al finalizar la diligencia en la Torre de Tribunales, Rafael Curruchiche abandonó el recinto escoltado por varios guardaespaldas, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.
Así llegó a Tribunales
A su llegada a la Torre de Tribunales, Curruchiche aseguró que acudió tras conocer de la convocatoria por publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Indicó que, según su interpretación, la acción fue planteada por Arévalo en su calidad de ciudadano y no como presidente de la República, por lo que consideró que el mandatario debería comparecer personalmente para ratificar la denuncia.
“Me enteré por los medios de comunicación que había una audiencia programada para hoy y por eso estoy acá, dando la cara como abogado y como fiscal”, declaró ante periodistas.
Las medidas solicitadas
De acuerdo con lo expuesto por Curruchiche, entre las peticiones planteadas por Arévalo figuran:
Un embargo por aproximadamente Q4 millones, monto que el fiscal equiparó a unos 25 salarios.
Una medida de arraigo que le impediría salir del país.