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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción y Fundesa han emitido un pronunciamiento conjunto para exigir al Ejecutivo la asignación de Q1,200 millones de quetzales destinados al Proyecto Metro. La solicitud busca que estos recursos, ya contemplados en el Presupuesto General de la Nación, sean transferidos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para dar inicio inmediato a la fase de licitación.
El sector empresarial argumenta que la crisis de movilidad en el Área Metropolitana ha alcanzado niveles críticos, afectando la productividad nacional y la calidad de vida de millones de trabajadores. Según el comunicado, el Estado ya ha invertido en estudios técnicos de base, por lo que postergar la asignación financiera solo incrementaría los costos logísticos y el malestar social derivado del congestionamiento vial, el cual ya es considerado un tema de urgencia nacional.
La viabilidad de esta exigencia se sustenta en el Decreto 21-2025, que faculta a la ANI para estructurar y gestionar proyectos estratégicos bajo modelos de alianzas público-privadas. Las cámaras enfatizan que el Ministro de Finanzas tiene la responsabilidad de adoptar esta decisión técnica y legal para asegurar que la política fiscal sea coherente con la agenda de infraestructura que el país demanda para su desarrollo competitivo.