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Guatemala atraviesa una jornada de luto y tensión extrema tras una serie de ataques armados simultáneos dirigidos contra la Policía Nacional Civil (PNC). Según los informes oficiales brindados por el ministro de Gobernación, la cifra de agentes fallecidos ha ascendido a siete, mientras que varios uniformados resultaron heridos en emboscadas registradas en distintos puntos del país.
Esta ola de violencia es una represalia directa tras el operativo en la cárcel de alta seguridad Renovación 1, en Escuintla. Allí, las fuerzas de seguridad retomaron el control y sometieron a Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, máximo líder del Barrio 18. El Gobierno ha sido enfático: estos ataques son intentos de las estructuras criminales por recuperar privilegios tras el aislamiento de su cabecilla.
La situación actual evoca inevitablemente el “domingo negro” vivido en El Salvador el 27 de marzo de 2022. En aquel fin de semana sangriento, las pandillas asesinaron a 87 personas en menos de 72 horas, marcando el día más violento en la historia reciente de esa nación. Aquella masacre fue el punto de quiebre que llevó al presidente Nayib Bukele a implementar medidas drásticas que cambiaron el rumbo del país.
La respuesta de Bukele fue inmediata: la aprobación de un Régimen de Excepción, la suspensión de garantías constitucionales y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Estas acciones permitieron la captura de más de 70,000 pandilleros y el fin del control territorial de las maras. Guatemala se encuentra hoy ante una encrucijada similar: la toma de control en Renovación 1 y la respuesta criminal colocan sobre la mesa la necesidad de una estrategia definitiva para evitar que esta pesadilla se prolongue.