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En una resolución que marca un precedente importante para el sector educativo en Guatemala, el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social ha admitido para su trámite un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social. Esta acción legal fue promovida por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación (Mineduc) en contra del Estado de Guatemala.
El documento judicial, fechado el 12 de enero de 2026, establece medidas precautorias estrictas para proteger la estabilidad laboral de los docentes. Según el numeral V de la resolución, se advierte a ambas partes que no podrán tomar represalias entre sí, ni impedir el libre ejercicio de sus derechos laborales. Esto implica que, mientras el conflicto esté vigente, las autoridades del Mineduc tienen prohibido realizar despidos o sanciones disciplinarias relacionadas con esta pugna legal.
El incumplimiento de esta orden judicial conlleva sanciones económicas severas, con multas que oscilan entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas. Además, el infractor deberá reparar el daño causado, sin quedar exento de posibles responsabilidades penales.
Con esta decisión, el sistema de justicia otorga un blindaje temporal a los educadores, garantizando que el proceso de negociación o disputa se lleve a cabo sin coacciones administrativas.