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La Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2026 quedó formalmente integrada tras la designación de sus miembros titulares y suplentes, quienes tendrán a su cargo la elaboración de la nómina de candidatos que será remitida al Congreso de la República.
Integrantes titulares
- Walter Ramiro Mazariegos Biolis Presidente – Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)
- Henry Manuel Arriaga Contreras Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Usac
- Mynor Augusto Herrera Rector de la Universidad Panamericana – Representante de rectores de universidades privadas
- José Ángel Donald González Cuevas Decano de Derecho – Representante de decanos de universidades privadas
- Gregorio José Saavedra Zepeda Representante titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
Suplentes (con voz, sin voto)
- Adelupe Jocabed Rojas Castillo Suplente del rector de la Usac
- Rodolfo Barahona Jácome Suplente del decano de Derecho – Usac
- Mynor René Cordón y Cordón Suplente de rectores de universidades privadas – Universidad Regional
- Nery Leonel Anleu Oliva Suplente de decanos de universidades privadas – Universidad Mesoamericana
- Édgar René Ortiz Romero Suplente del representante del CANG
Contexto del proceso
La Comisión de Postulación es el órgano encargado de evaluar, calificar y seleccionar a los aspirantes a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032, conforme lo establece la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.
El proceso inicia con la recepción de expedientes, verificación de requisitos legales, evaluación de méritos académicos, profesionales y éticos, así como la realización de entrevistas públicas.
Con base en estos criterios, la Comisión deberá integrar una lista de candidatos que será trasladada al Congreso de la República, entidad responsable de la elección final.
La conformación de esta Comisión se da en un escenario de alta expectativa y escrutinio público, marcado por los cuestionamientos surgidos tras las elecciones generales de 2023 y los procesos judiciales que involucraron a anteriores autoridades electorales.
Por ello, distintos sectores han insistido en la necesidad de que el proceso se conduzca con transparencia, independencia y apego estricto a la ley, dada la relevancia del TSE como máxima autoridad en materia electoral.