El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió renovar por un año más, hasta el 13 de enero de 2027, las sanciones dirigidas contra personas y entidades señaladas de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder en Guatemala, entre ellas la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.
Según el comunicado oficial emitido este viernes 9 de enero, las medidas restrictivas continúan vigentes contra ocho personas y una entidad, quienes están sujetas a restricciones de viaje, lo que les impide ingresar o transitar por países miembros de la UE.
Además, enfrentan el congelamiento de activos, y se prohíbe a ciudadanos y empresas europeas proporcionarles fondos o recursos, de forma directa o indirecta.
La UE subrayó que estas sanciones son selectivas y específicas, dirigidas únicamente a quienes son considerados responsables de acciones que debilitan la democracia y el Estado de derecho, y no constituyen sanciones contra Guatemala, su población ni su economía.
En el comunicado, el bloque europeo reiteró su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Guatemala, recordando su acompañamiento durante el proceso electoral de 2023, el despliegue de una Misión de Observación Electoral, y su respaldo a los resultados de los comicios.
Asimismo, la UE informó que continuará trabajando con el Gobierno de Guatemala y distintos sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva y promover el desarrollo inclusivo y sostenible.
Como parte de este compromiso, anunció la movilización de una misión ad hoc en 2026 para acompañar los procesos de selección y nombramiento de tres instituciones clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General, consideradas fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho.
Contexto de las sanciones
Las sanciones fueron adoptadas inicialmente el 12 de enero de 2024, cuando la Unión Europea estableció un marco específico de medidas restrictivas ante la situación política en Guatemala, tras las elecciones generales de 2023.
El primer grupo de sancionados fue aprobado en febrero de 2024, y posteriormente, en junio de 2025, se añadieron tres personas más y una entidad, por acciones consideradas contrarias a la democracia, el Estado de derecho y la transición pacífica del poder.
La lista los sancionados:
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general del MP.
- Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general del MP.
- Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
- Leonor Eugenia Morales, fiscal de la Feci.
- El juez Fredy Raúl Orellana Letona.