En una acción coordinada entre el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó recientemente el Operativo Centinela en la cárcel de alta seguridad Renovación 1. El objetivo principal de la diligencia fue verificar los controles internos y mantener el orden dentro del recinto. Como medida adicional, las fuerzas de seguridad procedieron a derribar construcciones no autorizadas que se encontraban en las afueras del centro carcelario, buscando eliminar cualquier punto de vulnerabilidad externa.
Sin embargo, el operativo se vio marcado por las declaraciones de Gerson Marroquín, un recluso que cumple condena por robo agravado. Marroquín denunció públicamente que los internos viven en condiciones críticas desde hace seis meses. Según su testimonio, carecen de acceso a patios, llamadas telefónicas y visitas conyugales. El recluso enfatizó que el grupo afectado se identifica como “paisas” (reos sin afiliación a pandillas) y denunció malos tratos hacia sus familiares, alegando que incluso personas de la tercera edad son sometidas a revisiones degradantes.
La preocupación de los internos aumenta debido a su cercanía física con sectores de pandilleros, manifestando temor por posibles ataques con explosivos. Marroquín responsabilizó directamente al Ministerio de Gobernación por su integridad física, asegurando que su traslado a dicha prisión fue una represalia por falta de pagos de cuotas y solicitó la intervención inmediata de los Derechos Humanos.