La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, resolvió denegar por unanimidad el amparo promovido por María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, y sancionar económicamente a los abogados que intervinieron en la acción legal.
De acuerdo con la resolución emitida el 12 de diciembre de 2025, el tribunal declaró el amparo notoriamente improcedente, al considerar que no existió vulneración de derechos constitucionales por parte de la jueza de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo que fue señalada como autoridad impugnada.
Multa a los abogados
Como parte del fallo, los magistrados impusieron una multa de Q1,000 a los abogados auxiliares que participaron en la tramitación del amparo, entre ellos:
- Karla Victoria Gobern García
- Daniel Estuardo Hernández Pineda
- Saúl Zenteno Téllez
- Julio Agustín Jerónimo Sazo
El tribunal determinó que, aunque los amparistas actuaron de buena fe, los abogados patrocinantes sí debían asumir la sanción económica, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
La Sala resolvió exonerar del pago de costas y de la multa a María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle, al concluir que no existió mala fe de su parte al promover el recurso constitucional.
Sin embargo, los magistrados remarcaron que la responsabilidad profesional recae en quienes patrocinaron y sostuvieron una acción que fue declarada improcedente, por lo que la sanción se limita exclusivamente a los abogados.
El proceso penal continúa
Con esta resolución, queda firme la actuación de la jueza de Mayor Riesgo, y el proceso penal en contra de los sindicados continúa su curso normal, sin que el amparo haya generado suspensión o modificación alguna.
Una vez que el fallo quede firme, el tribunal ordenó archivar la acción constitucional, cerrando definitivamente este recurso legal.